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Congreso pone en la mira a árbitros que dirimen conflictos empresariales

Comisión Salaverry plantea acusarlos de prevaricato por fallos cuestionables. También propone incluir la figura de colaboración eficaz para altos funcionarios.

Daniel Salaverry

Daniel Salaverry

Daniel Salaverry

La comisión del Congreso que investigó presuntos actos de corrupción en cuatro obras del Gobierno de Ollanta Humala terminó de elaborar su informe final.

De acuerdo a fuentes de dicho grupo, el legislador Daniel Salaverry convocará hoy a una sesión para aprobar los dos primeros informes con sus hallazgos y conclusiones.

¿De qué obras? Se trata de los supuestos sobrecostos e irregularidades en la concesiones de la Línea 2 del Metro y el gasoducto sur.
Las pesquisas relacionadas a la Refinería de Talara y los contratos de gas serían sometidas a debate recién la próxima semana.

La propuesta de Salaverry

Hoy el también vocero de Fuerza Popular presentará al grupo de trabajo 10 proyectos de ley que fueron elaborados de acuerdo a los hallazgos de la investigación.

Salaverry ya había adelantado a este diario que con estas propuestas se busca cerrar vacíos legales, que algunos funcionarios y empresarios aprovecharon para cometer ilícitos (Gestión 17.05.2018).

Este diario accedió a las iniciativas. En total, son 10 proyectos, de los cuales tres proponen evitar otro escándalo como el de Lava Jato.
Uno de ellos pone en la mira a los árbitros que dirimen conflictos empresariales, mientras que otro, plantea incluir la colaboración eficaz para altos funcionarios que estén investigados o acusados constitucionalmente.

Además, proponen que la Contraloría realice un informe previo de los decretos de urgencia y supremos, emitidos por el Poder Ejecutivo, sobre obras públicas (ver otrosí digo).

Delitos de árbitros

De acuerdo al documento elaborado por la comisión, se busca que el pleno del Congreso apruebe la ley que tutela la justicia arbitral y que salvaguarda el interés público ante cualquier acto ilegal. ¿Qué se proyecta? Establecer que los árbitros de derecho (laudos aplicando leyes) sean pasibles del delito de prevaricato.

Es decir, sean sancionados cuando emitan fallos manifiestamente contrarios al texto expreso de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas.

“(El árbitro) será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor a de cinco años”, se lee en el borrador del proyecto.

Sombra del caso Odebrecht

El grupo sustenta esta iniciativa en que un laudo arbitral tiene el mismo peso que una sentencia judicial.

Por tanto, si los jueces se encuentran sujetos al delito de prevaricato, de la misma forma también deben estar los árbitros.

“Los árbitros actualmente son considerados funcionarios públicos para delitos de corrupción, pero existe una omisión respecto al delito de prevaricato”, argumentan.

Además, como otro sustento dan cuenta de casos emblemáticos con presunta corrupción en arbitrajes.

Por ejemplo, señalan que en los últimos 13 años, Odebrecht demandó arbitralmente 41 veces al Estado, mientras que este último solo lo hizo una vez.

La colaboración eficaz

La comisión Salaverry propone que altos funcionarios puedan colaborar con esclarecer los hechos investigados aportando información idónea a cambio de una reducción en la sanción política.

¿Qué tipo de cooperación? Identificar a los autores y partícipes de la infracción constitucional o delito, conocer las circunstancias en las que se planificó el delito y dar medios probatorios que acrediten su testimonio.

“Si el colaborador presenta información falsa o tendenciosa, será castigado con una sanción agravada, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles correspondientes”, se lee en el oficio.

Beneficio por allanamiento

En otra página del documento también se plantea que si el funcionario investigado por una comisión o acusado constitucionalmente se allana, recibirá un beneficio. “En este caso, tendrá un reducción en la sanción política que corresponda”, reza el oficio.

Otrosí digo
¿Contraloría con más control en las obras?

Prevención . La comisión plantea que la Contraloría emita un informe en un plazo no mayor de 15 días sobre las normas del Ejecutivo que aprueban la operación de endeudamiento externo y que eximen requisitos para obras públicas. Esto a raíz de la exoneración del SNIP en tramos de la Interoceánica. Odebrecht habría sobornado a al expresidente Alejandro Toledo por dicha norma.

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