En esos frecuentes reclamos pierde por goleada el Congreso, al que el máximo tribunal de garantías le ha invalidado varias normas que transgredían derechos fundamentales y constitucionales.
En esos frecuentes reclamos pierde por goleada el Congreso, al que el máximo tribunal de garantías le ha invalidado varias normas que transgredían derechos fundamentales y constitucionales.

Si la Constitución es la cancha de la política, el Congreso de Perú vive en permanente fuera de juego, con varias polémicas en plena época de pandemia que han sido anuladas, o van camino de serlo, por el Tribunal Constitucional, particular VAR del tenso partido que disputa contra el Gobierno.

El TC ha adquirido un protagonismo inusitado en este enconado y aparentemente irreconciliable enfrentamiento, al que ambas partes han recurrido para revisar las acciones más dudosas de su rival y decidir si estaban dentro o fuera de la Constitución.

En esos frecuentes reclamos pierde por goleada el Congreso, al que el máximo tribunal de garantías le ha invalidado varias normas que transgredían derechos fundamentales y constitucionales.

Anulación de peajes

El último de ellos fue una ley aprobada en mayo que suspendía el pago de peajes en las carreteras bajo concesión durante la pandemia, un fallo que fue unánime por parte de los siete magistrados del (TC) ya que vulneraba contratos privados e impedía a las empresas acceder a una indemnización.

En este contexto de emergencia, tenemos que ser responsables con el manejo de los recursos públicos. No debemos distraernos de los objetivos esenciales: enfrentar la pandemia, proteger a los más vulnerables y recuperar la economía”, dijo la ministra de Economía y Finanzas, , a quien el Congreso interpelará la próxima semana por la gestión económica de la crisis sanitaria.

La presidenta del TC, Marianella Ledesma, llamó la atención al Congreso por aceptar en sus votaciones “virtuales” el voto delegado emitido por los jefes de cada bancada en nombre de sus diputados.

No le corresponde meterse, pero se está metiendo. Nosotros hemos instrumentado las sesiones virtuales y las seguiremos mejorando, pero lo que hemos aprobado hasta aquí es válido”, respondió a Ledesma el presidente del Congreso, , del partido Acción Popular.

Bonos y devoluciones a pensionistas

Antes de que se resolviera la polémica de los peajes, el Congreso ya tiene otra jugada pendiente de revisión si se promulga tal cual fue aprobada. Se trata de la ley para devolver a afiliados del sistema público de pensiones hasta S/ 4,300 (unos US$ 1,200) de sus aportes como ayuda para la crisis del COVID-19.

El Ejecutivo, que ha advertido en varias ocasiones que esa norma puede quebrar el sistema previsional y dejar sin dinero a más de medio millón de jubilados que reciben actualmente una pensión, ya ha dicho que no la promulgará y, en caso de que el Congreso la apruebe por insistencia, la recurrirá inmediatamente al Constitucional.

Para la congresista fujimorista Martha Chávez, una de los 15 parlamentarios que votó en abstención, es “probable” que sea declarada inconstitucional porque contempla un bono para todos los afiliados al sistema público de pensiones cuando el Congreso no puede tener iniciativa de gasto sobre el presupuesto público.

Inmunidad y taxis colectivos

Al tema de las pensiones también se puede sumar en unos meses la eliminación de la inmunidad para el presidente y altos funcionarios como los propios magistrados del Constitucional, en una modificación de la Constitución que el Congreso aprobó sin previo debate ni análisis como venganza al proyecto del presidente de quitar la inmunidad a parlamentarios dentro de sus reformas anticorrupción.

También está en observación otra la ley que legaliza el transporte colectivo informal en todo el país a excepción de Lima y Callao, lo que abre la posibilidad a cualquier conductor a ofrecer servicios de transporte de pasajeros.

Disolución constitucional

Quizás la mayor derrota del Congreso ante el Constitucional sea la disolución del Parlamento decretada en setiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra precisamente cuando el Legislativo se disponía a cambiar los magistrados del TC para poner “árbitros” más afines a su forma de jugar y menos rigurosos para sancionar sus “faltas”.

El Gobierno quiso frenar esto con una cuestión de confianza, que fue negada en los hechos por los congresistas, lo que abrió a Vizcarra la posibilidad de inhabilitar a todo el equipo rival.

El jefe de Estado se jugó esa bola de partido al ver que sus reformas anticorrupción podían irse al traste y convocó unas elecciones legislativas extraordinarias para que la ciudadanía eligiesen al nuevo equipo del Parlamento.

Nuevo Congreso, misma relación

Los nuevos comicios cambiaron drásticamente la composición del Congreso, pero no su relación con el Gobierno, pues el Ejecutivo sigue sin tener presencia en el hemiciclo y cuenta con muy pocos aliados que lo defiendan en la sede legislativa.

Si antes era el fujimorismo el que dominaba el Congreso con una mayoría absoluta y eminentemente obstruccionista, ahora son nueve fuerzas políticas muy variopintas con intereses personales y empresariales en confrontación con el Ejecutivo.

Ejemplo de que la relación no ha cambiado es que el rechazo del Congreso, en plena crisis por la pandemia, al nuevo primer ministro que Vizcarra propuso en julio con el fin específico de tender puentes con el Parlamento.

Ese rechazo fue inesperado e insólito en el país y amenazó con desatar una crisis política sin precedentes.

Tránsfugas y ‘ley mordaza’

Antes de su disolución en el 2019, el anterior Congreso acumuló otras tres jugadas anuladas por su manifiesta inconstitucionalidad.

La primera fue una ley antitránsfuga promovida por el fujimorismo para prevenir la fragmentación de su propio bloque parlamentario y que quería prohibir a los congresistas que renunciaban a una agrupación incorporarse a otra bancada o integrar comisiones.

Luego fue la llamada Ley Mordaza o Ley Mulder, en honor al excongresista aprista Mauricio Mulder, su promotor, que impedía al Estado poner publicidad en medios privados de comunicación.

Ostensiblemente, era un ataque económico contra los medios, considerados un enemigo por muchos parlamentarios, a quienes se daña económicamente al no poder difundir campañas públicas de información.

También fue declarada inconstitucional una modificación de la Constitución para que el Gobierno tuviese que cambiar a todos sus ministros en caso de censura al primer ministro, lo que hubiese impedido a posteriori la disolución del Congreso en septiembre pasado.