Luego de una serie de idas y venidas, la comisión especial multipartidaria encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se reunió ayer con la finalidad de aprobar su reglamento interno y plan de trabajo.
Sin embargo, el texto presentado por el titular del grupo de trabajo, Rolando Ruiz, no convenció a los congresistas, quienes hicieron varios cuestionamientos y recomendaciones.
Ante esta situación, el legislador de Acción Popular invocó a los integrantes de la comisión a que le alcancen todas sus sugerencias y opiniones hasta este viernes 11, a fin de elaborar un nuevo texto.
“El reglamento para la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del TC, con todas las mejoras, será enviado a los correos de los legisladores el próximo lunes 14 y el miércoles 16 se realizará el debate para su aprobación”, acotó Ruiz.
Prueba de conocimientos
La propuesta de reglamento de la comisión reúne más de 30 artículos; no obstante, un punto en particular recibió el rechazo de la mayoría de bancadas: la prueba de conocimientos para los postulantes al TC.
Los representantes de las bancadas del Frente Amplio, Partido Morado, Fuerza Popular, APP y UPP le pidieron a Ruiz que retire este punto en el nuevo texto, debido a que la comisión especial no está facultada para evaluar a profesores y expertos en materia constitucional.
“Cómo nosotros vamos a calificar sobre teoría general del derecho o derecho constitucional (…) me parece complicado que le demos puntajes a especialistas en derecho constitucional, que se supone son los mejores del Perú, con una calificación altísima. Recomiendo que este punto sea retirado y que más bien evaluemos el C.V. y la entrevista personal”, señaló Rocío Silva Santisteban, del Frente Amplio.
En la misma línea, Gino Costa, del Partido Morado, y Diethel Columbus, de Fuerza Popular, recordaron que este tema anteriormente fue discutido en la comisión de Constitución y, que por recomendación de especialistas en la materia, se concluyó que no era conveniente realizar una prueba a los aspirantes al TC.
“Va a ser bien complicado que nosotros vayamos a evaluar a un profesor experto en materia constitucional, con 20 años de trayectoria. Es más, ni siquiera los abogados que integramos la comisión de Constitución estamos en la condición de hacerlo, porque no somos constitucionalistas. Este reglamento tiene que ser más sencillo y práctico”, recalcó Columbus.
Se ahuyenta a los postulantes
En la misma línea, el vocero de UPP, José Vega, advirtió que insistir con este tema en el nuevo reglamento podría ahuyentar a los postulantes, quienes pondrían oposición a ser evaluados por personas que no conocen del derecho constitucional.
“La propia ley aprobada en el Pleno del Congreso no contempla la evaluación de conocimientos a los postulantes, con mucho criterio se excluyó ese punto. De continuar con esto se corre el riesgo de que las personas no se presenten al concurso, por lo que todo podría volver a fojas cero”, apuntó.
Finalmente, Tania Rodas, legisladora de APP, indicó que se debería poner más peso en la evaluación de meritocracia y entrevista personal a los candidatos.
“Nosotros no estamos en la capacidad de evaluar a los que van a integrar el TC. En ese sentido, debemos basarnos en la ley para ver cómo se han desempeñado en toda la trayectoria de su vida profesional”, enfatizó.
Defiende prueba
El único legislador que defendió la aplicación de la prueba de conocimientos a los postulantes al TC fue Jorge Pérez, de Somos Perú.
El congresista consideró que no se está ofendiendo a nadie al realizar dicho procedimiento, al recordar que esto también se aplica en otras instituciones.
“Tomar un examen no es quitarle mérito a nadie. Para ingresar a la NASA tienes que tomar un examen, así como en otras entidades. No es discriminatorio, no es hacerle daño a a nadie. El examen es una manera de cuantificar el conocimiento, en medida que habrá un centenar de personas que postularán. Hay muchos que no tienen el conocimiento y es una manera de cuantificarlo”, alegó.
Pérez, en todo caso, sugirió que las preguntas y respuestas que se formularán a los postulantes estén a cargo de algunas universidades, colegios profesionales y el mismo Congreso, a través de la comisión de Constitución.