El Pleno del aprobó por unanimidad, y en primera instancia, la . Esta ley modifica la Ley N°30161, que regula la obligación de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, con la finalidad de extender la referida obligación a todos los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos.

Esta iniciativa, propuesta por la Contraloría General de la República, permitirá que se incrementan los alcances de fiscalización de dicha entidad.

La propuesta también contó con la recomendación unánime de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su discusión en el Pleno del Congreso.