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Al concluir nuevos procesos sancionadores se decidirá si se demuele hotel Sheraton en Cusco

El ministro de Cultura indicó que hay una investigación en su cartera y otra en la Fiscalía. Congresista Villanueva critica que empresa infractora haya recibido beneficios tributarios.

Rogers Valencia

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Valencia asegura que su gestión sancionará a los funcionarios responsables de que las sanciones contra la empresa hayan caducado. (Foto: Manuel Melgar)

(Foto: Manuel Melgar)

El ministro de Cultura, Rogers Valencia, indicó que solo al finalizar los nuevos procesos sancionadores iniciados contra la empresa Inmobiliaria R & G S.A.C., que construyó el hotel Four Point Hotels by Sheraton, en el Cusco, se sabrá si estos desembocan en una orden de demolición de la infraestructura.

Valencia dijo a la prensa que los procesos sancionadores actualmente se encuentran en curso y que antes de su conclusión, “no podemos adelantar si se va a pedir (la demolición)”.

Estos procesos fueron iniciados luego de haberse declarado la caducidad de dos multas por daños al patrimonio cultural, por 131 y 1000 UIT (unos S/ 4’750,200) el 11 de enero de este año, que fue invocada por la empresa en sus apelaciones interpuestas en agosto del año pasado.

Según explicó el ministro, al iniciar su gestión, en diciembre del 2018, consideró indispensable declarar esta caducidad para iniciar los nuevos procesos, debido a que se había vencido el plazo para notificar las sanciones a la empresa sin que esto se concretara.

El plazo para notificar las sanciones impuestas a la empresa era de 90 días desde que se inició el proceso sancionador, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General; sin embargo, los plazos para concluir ambos procesos se vencieron en marzo y julio del 2018, respectivamente, sin que los funcionarios del Ministerio de Cultura cumplieran con notificar a la empresa, poniendo así en riesgo la aplicación de las sanciones.

El abogado especialista en Derecho Administrativo Julio César Castiglioni señaló que, en efecto, al haberse vencido este plazo, correspondía declarar la caducidad de las sanciones y el inicio de un nuevo proceso en primera instancia.

Estos hechos irregulares son materia de dos investigaciones, precisó el ministro, con el fin de determinar las responsabilidades en colaboradores de las diversas gestiones.

“Hay un proceso administrativo dentro del Ministerio y un proceso dentro de la Fiscalía. Ambos caminan paralelamente, entonces se ha dado cuenta también de todas las personas que estarían involucradas y que están inmersas en este proceso”, dijo Valencia este martes, tras su participación en la sesión conjunta que sostuvieron la Comisión de Cultura y la Comisión de Pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología.

Al respecto, Castiglioni dijo a Gestion.pe que en este caso hay “responsabilidad de orden administrativa, que podría conllevar a la destitución de estos funcionarios, por beneficiar a la empresa”. El órgano competente de iniciar los procesos administrativos contra los funcionarios resposanbles, según señaló, es la secretaría técnica del Ministerio.

Beneficios tributarios 

Durante la mencionada sesión congresal, el parlamentario Armando Villanueva (Acción Popular) indicó que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) emitió en marzo del 2015, cuando se encontraba como ministra Magali Silva, la resolución 070-2015, en la que aprueba a Inmobiliaria R & G S.A.C. como empresa calificada para acceder al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, por el desarrollo del proyecto denominado Hotel Saphi, que corresponde al hotel Four Points by Sheraton del Cusco. 

En la resolución se precisa que la "lista de bienes, servicios y contratos de construcción se incluirán como anexos al contrato de inversión". Estos anexos fueron publicados tres años después en El Peruano, en respuesta a un pedido efectuado por el Mincetur el 25 de abril de 2018, cuando Valencia ya era titular del Mincetur.

“El Gobierno, en lugar de evitar que la empresa afecte el Centro Histórico, terminó premiándola con esa resolución. Es más, el ministro Valencia solicita la publicación de los anexos donde se detallan los bienes y partidas de exoneración. Eso me parece un compromiso que pone en cuestión la acción misma del ministro”, dijo a Gestion.pe el legislador Villanueva, de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural.

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