Comisión de Fiscalización otorgó su opinión favorable a dar facultades legislativas al Gobierno

La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el fujimorista Héctor Becerril, aprobó por unanimidad su informe a favor de delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento.

El informe se centra en aspectos vinculados a establecer medidas que permitan fortalecer la organización y rectoría en saneamiento, los organismos reguladores, coberturas, modernización, gestión empresarial, gestión en residuos sólidos, inversión pública y privada de servicios de saneamiento, expropiación de terrenos para la ejecución de proyectos, entre otros puntos.

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Durante el debate, Becerril planteó la necesidad de reorganizar el Sistema de Inversión Pública (SNIP,) a fin de garantizar la calidad de la inversión pública, así como afianzar el rol y eficiencia de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), incluyendo modificar la regulación sobre las responsabilidades civiles y administrativas de los servidores públicos.

"Se propone reestructurar los procesos del sistema de inversión pública, vinculando la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial y priorizando el cierre de brechas de infraestructura. Se debe mejorar y simplificar la formulación y evaluación de los proyectos, modificando las metodologías y parámetros asociados a nivel de servicios", manifestó.

En materia de lucha contra la corrupción, los congresista Justiniano Apaza (Frente Amplio), Yonhy Lescano (Acción Popular), Edwin Donayre (Alianza Para el Progreso) y Gilmer Trujillo (Fuerza Popular), coincidieron en señalar que es importante reforzar la lucha contra la corrupción.

Además pidieron que se declare la muerte civil a los funcionarios del Estado que incurran en delito, así como crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De igual forma, pidieron modernizar y fortalecer la gestión de las entidades públicas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, así como modificar el marco legal sobre gestión integral de residuos sólidos, bajo un enfoque de sostenibilidad.