La comisión de Constitución, presidida por Omar Chehade, aprobó ayer, por mayoría, el predictamen sobre financiamiento de partidos políticos que, entre otras cosas, plantea la reducción de los montos de las multas que impone la ONPE a las agrupaciones y que el financiamiento público directo pueda ser empleado en la realización de encuestas durante la campaña electoral.
La iniciativa se aprobó con 12 votos a favor, cuatro abstenciones (Fuerza Popular y UPP) y uno en contra (Frente Amplio).
El documento, al que accedió Gestión, individualiza la responsabilidad que tienen los candidatos sobre su propaganda política durante la campaña electoral, y libra de cualquier sanción a las agrupaciones políticas en el tema.
“Los candidatos o sus responsables de campaña son solidariamente responsables de la propaganda política que realicen durante el proceso electoral. No puede presumirse responsabilidad de las organizaciones políticas por infracción a las normas sobre propaganda electoral prohibida a menos que se pruebe de manera fehaciente su participación directa o indirecta en la misma”, se lee en el texto.
Actualmente, los postulantes y los partidos eran plausibles de una sanción por presunta propaganda indebida.
De acuerdo al JNE, las sanciones contra las agrupaciones políticas van desde una amonestación pública hasta multas que oscilan entre 30 UIT (S/129,000) a 100 UIT (S/ 430,000).
Multas a empresas
Una de las novedades que trae el dictamen es la aplicación de multas a las empresas por financiamiento a los partidos políticos.
Actualmente, el artículo N°31 de la Ley de Organizaciones políticas estipula que las personas jurídicas nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, son consideradas fuentes de financiamiento prohibido.
Sin embargo, hasta ahora solo los partidos políticos eran sancionados por el incumplimiento de esta norma.
“Si una persona jurídica incumpliendo el artículo 31 de la presente ley aporta, de manera directa o indirecta, a una organización política, incurre en infracción grave”, se lee en el texto.
El predictamen también plantea una sanción a los medios de comunicación de radio y televisión en caso “difundan propaganda electoral distinta a la contratada por el Estado en el marco de la franja electoral”.
La propuesta, a su vez, alcanza a las entidades públicas o privadas que no entreguen la información solicitada por la ONPE.
El monto de la multa, en el caso de los tres supuestos, no debería ser menos de 16 UIT (S/68,800) ni más de 30 UIT (S/129,000).
Otros cambios
El dictamen aprobado por la comisión de Constitución hizo cambios respecto a los topes del financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos.
En lo que respecta a los ingresos obtenidos por la realización de actividades proselitistas, el grupo de trabajo presidido por Omar Chehade acordó reducir el tope máximo de 250 UIT (S/1′075,000) a 125 UIT (S/537,5009.
También se habilitó a la ONPE para que pueda acceder a las cuentas de los partidos políticos al momento de su inscripción.
“La organización política otorga autorización expresa a la ONPE para el acceso su información bancaria al momento de su inscripción”, se lee en el documento.