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Cinco proyectos de ley en el Congreso tienen impacto negativo sobre la competitividad

Solo nueve iniciativas tendrían un impacto positivo y 21 requieren de mayor análisis.

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El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) detectó que cinco proyectos de ley en el Congreso tienen efecto negativo en la competitividad, están con el semáforo en rojo. Así lo informan su reporte periódico del Semáforo de la Competitividad.

Dos de ellos afectan el entorno macroeconómico. El primero es el PL 103 que plantea modificar la ley del impuesto a la renta incrementando las UIT deducibles de siete a 15 para los trabajadores dependientes de quinta categoría.

"Esto afectaría la recaudación tributaria y el equilibrio presupuestal, más aún en una etapa de bajo crecimiento económico, caída de la recaudación y alto déficit fiscal", aseguró César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL.

Mientras que, el PL 055 propone modificar el artículo 28 de la Constitución, pues plantea incorporar un párrafo que declararía nulo cualquier disposición de una ley de presupuesto que impida a los trabajadores del sector público solicitar mejoras salariales mediante convenio colectivo.

"Dicha propuesta legislativa afectaría el equilibrio presupuestal y el funcionamiento eficiente de este mercado laboral en donde las remuneraciones deben reflejar la productividad y méritos de los trabajadores", refirió.

El PL 41 afecta la eficiencia del mercado laboral al proponer modificar el ingreso de los trabajadores del sector agrario, por ley, sin tomar en cuenta la baja productividad y alta informalidad del sector en zonas rurales.

El PL 127 propone una reforma constitucional de lucha contra la corrupción. Pero se cometen excesos que afectan los derechos individuales de los funcionarios públicos al exigírseles que autoricen por escrito, previamente a la asunción de sus cargos, el levantamiento de su secreto bancario, tributario, bursátil y de telecomunicaciones a la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Contraloría.

Asimismo el PL 001, llamado ley del acuerdo patriótico de soberanía sobre el gas, plantea la renegociación del contrato de exportación de gas con México. Pero, además, señala que el Estado tiene decisión soberana respecto al destino del gas que se exporta, con una clara intervención en mecanismos de mercado afectando la eficiencia del mercado de bienes y desincentivando la inversión extranjera directa.

Proyectos a favorNueve proyectos tendrían impacto positivo en la competitividad, con el semáforo en verde, seis de ellos repercuten en las instituciones, mientras los tres restantes se refieren a eficiencia del mercado de bienes.

Respecto a las instituciones, los PL 31 y PL 120 pretenden establecer controles, límites y procedimientos a la ejecución de obras públicas por administración directa, así evitar altos márgenes de discrecionalidad y eventual corrupción en su ejecución.

Los PL 83 y PL 117 plantean derogar el Decreto Legislativo 1167 que creó el Instituto de Gestión de Servicios de Salud en el 2013. Para que así se pueda conducir la planificación, gestión, operación y prestación de servicios de salud de los institutos especializados, hospitales nacionales y redes de salud del Ministerio de Salud.

A favor de la eficiencia en el mercado de bienes está el PL 17 que prorroga el pago del IGV para la microempresa y pequeña empresa. Debido a los problemas que genera el cumplimiento en el pago del IGV, la propuesta considera que el monto que corresponda al IGV de facturas de ventas o prestación de servicios todavía no canceladas quedaría en suspenso hasta que la empresa cobrase el monto total de las facturas emitidas. "Esta saludable medida debería extenderse a todas las empresas", resaltó Peñaranda.

Proyectos con impacto ambiguoFinalmente, se identificaron 21 proyectos calificados como ámbar por no tener un efecto claro sobre la competitividad del país. De este grupo, cinco proyectos fueron presentados por la Contraloría (PL 22, 24, 26, 27 y 32), los que están relacionados a fortalecer la lucha contra la corrupción, determinar la función de la Procuraduría Pública, control en la ejecución de obras públicas, control en los procesos de promoción de la inversión privada y de la sanción a funcionarios públicos corruptos.

Además, se encuentran los proyectos congresales PL 70, 78, 90, 145 y 157.Es importante un mayor debate para que se determine cuál es la entidad idónea en cada una de las propuestas planteadas.

"Las medidas pueden constituir mayores trabas que resten dinamismo a la economía que hoy requiere de mayor inversión privada y pública para retomar el crecimiento económico y cerrar la brecha de infraestructura del país", explicó Peñaranda.

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