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caso chacas-san luis

César Álvarez y las claves de la primera sentencia por el caso Lava Jato en Perú

El Ministerio Público acusó al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, y otros 10 exfuncionarios de su gestión, de cometer los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible. Piden para estas 11 personas penas que oscilan entre los 6 a 8 años de prisión.

Otra autoridad regional que también fue seducido por Odebrecht fue el encarcelado gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar. De acuerdo a la indagación del fiscal, Elmer Chirre Castillo, la brasilera pagó US$ 2 millones 628 mil por la adjudicac

El exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, es acusado de recibir una soborno de más de US$ 2 millones por la adjudicación de la obra "Chacas-San Luis".

El Poder Judicial emitirá hoy la primera sentencia por un caso vinculado al escándalo de corrupción de Lava Jato.

La titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios, Nayko Coronado Salazar, adoptará una decisión final en el proceso seguido contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez , por el caso denominado “Chacas-San Luis”.

El caso
En su acusación, el fiscal anticorrupción Elmer Chirre concluyó que Álvarez y otros 10 funcionarios del gobierno regional de Áncash otorgaron de manera irregular la buena pro de la obra “Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis” al Consorcio Vial Carhuaz San Luis.

Este consorcio estaba conformado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.

Además, los procesados habrían estado coludidos con el Consorcio Huaylas, encargado de la supervisión de la obra, con la finalidad de favorecer a Odebrecht de forma indebida e ilícita.

El pago de soborno
La Fiscalía identificó que Odebrecht pagó US$ 2’628,000 en sobornos a César Álvarez, en el año 2011.

De acuerdo al testimonio de colaboradores eficaces, Dirsse Valverde Varas, exhombre de confianza de Álvarez, fue el encargado de gestionar el pago.

Para dicho fin, el exfuncionario realizó reuniones con Ricardo Paredes Reyes, ingeniero de Odebrecht a cargo del proyecto, Eleuberto Martorelli, exgerente de la concesionaria IIRSA Sur y Raymundo Trindade Serra, exgerente de relaciones institucionales de Odebrecht.

La constructora transfirió US$ 2,4 millones a través de una cuenta en la offshore Cirkuit Planet Limited, ubicada en Hong Kong.

También se realizaron asesorías ficticias por montos que superaron los S/ 613,000.

A finales de abril, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que Álvarez sí sabía del pago de sobornos para la adjudicación de la referida obra.

Jorge Barata

Tras más de cinco horas de interrogatorio, el fiscal superior coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, calificó el testimonio de Barata de "muy relevante", el cual "convalida la decisión de los fiscales de activar el mecanismo de cooperación internacional" (Foto: Andina).

A fines de abril, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó que César Álvarez sí sabía del pago de sobornos para la adjudicación de la carretera Chacas-San Luis. (Foto: Andina).

Los acusados
Son 11 los acusados de cometer los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

Se trata de César Álvarez Aguilar, Luis Díaz Vilca, Germán Martínez Cisneros, Ivonne Bayona Guío, Leoncio Mauricio Chu, Lorenzo de la Cruz Sánchez, Moisés Ángeles Obregón, Ángel Victoriano Ramos, Roger Carranza Quiñones, Ricardo Paredes Reyes y Alejandro Martínez Cisneros. Todos ellos funcionarios del gobierno regional de Áncash.

Para César Álvarez, Germán Martínez, Lorenzo de la Cruz, Luis Díaz e Ivonne Bayona la Fiscalía solicitó 8 años y tres meses de prisión efectiva, mientras que para los seis acusados restantes la pena es de 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar un cargo público.

La empresa brasileña Odebrecht se acogió a la colaboración eficaz en este proceso, por tal motivo no fue comprendida como investigada.

La reparación civil
La Procuraduría solicitó que los acusados paguen S/94 millones por concepto de reparación civil en este caso. De este monto, S/59 millones corresponden al daño patrimonial y S/35 millones por daño extrapatrimonial.

En mayo, la defensa del Estado logró cobrar S/ 65 millones a la empresa brasileña, en el marco de dos sentencias de colaboración eficaz en los casos “La Centralita” y “Chacas-San Luis”.

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