FOTO 3 | 3.     Los delitos más frecuentes fueron robo o hurto (14.1%), estafa o fraude (8.4%), intento de robo (7.7%), corrupción (4.8%) y extorsión (4.5%). (Foto: ESAN)
FOTO 3 | 3. Los delitos más frecuentes fueron robo o hurto (14.1%), estafa o fraude (8.4%), intento de robo (7.7%), corrupción (4.8%) y extorsión (4.5%). (Foto: ESAN)

La caída del Perú en nueve puestos en el último ranking del que cada año difunde la organización (TI), constituye una alerta muy severa sobre la necesidad de adoptar de una vez por todas medidas concretas para sancionar y erradicar todo acto de corrupción, dejando de lado actitudes declarativas.

Así lo señaló la presidenta de la, Yolanda Torriani, quien precisó que se requiere impulsar acciones tangibles para castigar a los corruptos que existen en los distintos niveles de gobierno –central, regional, municipal- y también en el sector privado.

En el citado ranking nuestro país pasó a ocupar el puesto 105 en el 2018, cuando en el 2017 se situó en el puesto 96. Es la primera vez que nuestro país queda tan rezagado en esta evaluación, en la cual en años anteriores se ubicó en el puesto 83.

“Toda lucha contra la corrupción no solo debe incluir formas de prevención, identificación de responsables o un sistema eficiente de fiscalización. En nuestro país se ha dicho mucho sobre cada una de estas cosas pero existe la percepción de que en el Perú prima la impunidad. Es esa impunidad la que debemos combatir”, afirmó la líder empresarial.

Asimismo, precisó que a lo largo de la historia, casi desde la fundación de la República, los peruanos hemos sido testigos de varios ejemplos de actos graves de corrupción que quedaron impunes.

“Mientras no seamos capaces de sancionar a quienes delinquen en el Estado, a quienes se aprovechan de su posición y de los recursos públicos, no podremos avanzar en una verdadera lucha anticorrupción. Tampoco debemos excluir a los malos empresarios grandes, medianos o pequeños que se coluden con estos malos funcionarios para sacar ventaja y hacerse de una riqueza mal ganada”, manifestó Torriani.

La presidenta de la consideró además que la posición que hoy ocupa el Perú en este ranking afecta de forma importante la imagen del país en los mercados internacionales, donde los costos de la corrupción son considerados un factor que puede influir en la toma de decisiones de los flujos de capital.

“No nos favorece en nada que en el 2018 nuestro país haya quedado por debajo de Chile, que ocupa el puesto 27, y de Colombia que se ubica en el puesto 99. Es más, Perú y Brasil comparten el puesto 105 y no hay que olvidar que ambos países enfrentan hoy el caso de corrupción más grande: Lava Jato”, indicó.

La presidenta de la coincidió con la información emitida por Proética en el sentido que los países con bajos niveles de institucionalidad presentan los peores niveles de percepción de corrupción, motivo por el cual es necesaria una respuesta urgente de todos los sectores del país.

“Debemos recuperar nuestra institucionalidad y ese trabajo debe comenzar en los hogares, en la escuela para ir construyendo un país libre de corrupción”, anotó.

Torriani recordó que el sector privado está haciendo el máximo esfuerzo para combatir actos ilegales pero esta lucha no puede ser unilateral, pues requiere de un Estado sólido y de un sistema de justicia que, con imparcialidad, puedan combatir eficientemente a quienes delinquen.

“Si no vemos resultados concretos y, sobre todo, producto de investigaciones serias y juicios que se ajusten a ley, no habremos avanzado mucho”, anotó.

El índice de Transparencia califica a 180 países y territorios y los resultados se dan considerando la percepción de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción que observan en el sector público de cada país.