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La investigación por las presuntas irregularidades en la contratación del músico Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura incluirá, en calidad de investigadas, a la ex secretaria general, Diana Tamashiro Oshiro, y a las dos exfuncionarias de Palacio de Gobierno Mirian Morales Córdova y Karem Roca Luque.
Así lo dispuso el último jueves el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
La fiscal provincial Janny Sánchez Porturas, a cargo del caso, decidió incorporar también a Tamashiro y a Morales en calidad de instigadoras de la presunta comisión del delito de colusión agravada y negociación incompatible.
En el caso de esta última, se le investigará además como presunta autora del delito de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.
En tanto, Roca Luque será investigada como presunta autora de los delitos de ocultamiento real y falsedad genérica en agravio del Estado.
De acuerdo con la tesis preliminar de la Fiscalía, Mirian Morales habría realizado reuniones previas y coordinaciones, con el fin de que se viabilice la contratación directa de Cisneros.
También se advierte que habría inducido a que se presenten falsos testimonios dentro de la investigación, de acuerdo con información brindada por un testigo en reserva y audios difundidos cuya autenticidad aún está en proceso de verificación.
Por su parte, a Roca se le atribuye haber brindado falsos testimonios sobre los registros de ingreso a Palacio de Gobierno, y al sostener que fue ella quien se reunió con el investigado el 12 de octubre del 2018.
A Tamashiro Oshiro se le investiga por presuntamente haberse reunido con Cisneros y los demás funcionarios a cargo del procedimiento de contratación directa, para coordinar y acordar la elección de dicho proveedor por servicios innecesarios, direccionando el perfil y, al parecer, sobrevalorando los montos contractuales.
En suma, son 17 las personas involucradas en la investigación declarada como compleja, que se centra en las diversas irregularidades que se habrían cometido entre los años 2018 y 2020, al efectuar nueve órdenes de servicio en favor de Cisneros, por un monto total de S/ 175,400.