Con la firma de este acuerdo, los delegados de Odebrecht se comprometen a entregar toda la información respecto a los sobornos que pagaron en el Perú en los últimos quince años. (Foto: EFE)
Con la firma de este acuerdo, los delegados de Odebrecht se comprometen a entregar toda la información respecto a los sobornos que pagaron en el Perú en los últimos quince años. (Foto: EFE)

La investigación del caso Odebrecht en Perú entra en una etapa crucial con el interrogatorio al exapoderado Jorge Barata, en medio de la polémica desatada por el suicidio del expresidente Alan García y la orden de detención de Pedro Pablo Kuczynski, quien a los 80 años permanece internado en una clínica.

De lo que diga Barata, quien será interrogado en Brasil del martes al viernes próximo, dependerá en gran parte no solo el sustento legal, sino la percepción que tiene la opinión pública de las pesquisas del equipo especial que dirige el fiscal Rafael Vela.

Esto, ante la arremetida contra el proceso que han lanzado en los últimos días políticos y personajes vinculados a los investigados, entre ellos Alan García, quien se suicidó este miércoles antes de ser detenido por su presunta vinculación con el caso Odebrecht.

Se escucharon, a partir de ese trágico momento, críticas contra la "persecución política" que afrontó el exgobernante e incluso el congresista Mauricio Mulder, uno de sus más fieles seguidores, lo consideró un mártir de un entramado "fascista".

Frases y discursos similares se escucharon durante el multitudinario velorio y entierro de García, cuando muchos llamaron "asesinos" a fiscales y jueces, y hasta responsabilizaron a la prensa de investigación y al presidente Martín Vizcarra por la fatal decisión del exgobernante.

Eso a pesar de que, según se supo este domingo, García había resuelto que no permitiría que lo detuvieran hace varias semanas, cuando redactó una carta de despedida en la que rechazó las acusaciones y señaló que había cumplido con su misión como político.

A esa postura se sumaron en las últimas horas las críticas desde otros sectores políticos, incluido el fujimorismo, contra las "excesivas" órdenes de arresto preliminar y prisión preventiva que se dictan contra los implicados en el caso Odebrecht en el país.

Esto fue notorio en el caso del expresidente Kuczynski (2016-2018), quien recibió 36 meses de prisión mientras esta internado en una clínica por presentar problemas de salud.

Este domingo, familiares de Kuczynski consideraron que esa orden, dictada por un juez, es "inhumana" y una "condena a muerte", ya que es una persona de 80 años que sufre de una dolencia cardíaca.

Pero el trabajo de los fiscales también ha tenido un frente de defensa en otros políticos, analistas e investigadores, entre los que figura el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien destacó que han "sorprendido a todo el mundo por el coraje con el que han venido actuando para combatir la corrupción".

En medio de este clima enrarecido, el periodista y analista Juan Carlos Tafur consideró que se ha "querido aprovechar la conmoción por la tragedia para tratar de tumbarse el proceso anticorrupción en el que el país está embarcado".

"¿Acaso la sociedad peruana o las mayorías populares merecen una suerte de acuerdo de 'punto final', un entendimiento entre todas las fuerzas políticas involucradas en la corrupción, con la anuencia de nuestros magistrados, para ocultar las trapacerías y librar de la cárcel a los delincuentes?", se preguntó.

Precisamente, el fiscal Rafael Vela enfatizó que el equipo que dirige mantendrá el rigor de sus pesquisas porque "los hechos tienen que ser investigados independientemente de la condición" de los implicados.

Añadió que, a pesar de la opinión de algunos juristas y políticos de que ya no se podría preguntar a Barata sobre García, en el interrogatorio podrán incluir el caso del fallecido expresidente.

Vela remarcó que, tras el acuerdo de colaboración suscrito entre Odebrecht y la Fiscalía peruana, Barata "no puede negarse a responder ninguna pregunta" y debe hacerlo "con la verdad".

En Brasil, Barata deberá responder sobre la investigación del caso del Metro 1 de Lima, referido a Alan García, y al exvicepresidente de la petrolera estatal Petroperú Miguel Atala.

Además, sobre el expresidente Alejandro Toledo, la construcción de la carretera Interoceánica tramo 2 y 3, y la campaña contra el pedido de revocación de la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán, entre otros temas que tendrán en vilo a los protagonistas de la vida política peruana.