Caso Odebrecht: 37 países firmaron acuerdos de cooperación judicial con Brasil

El caso Odebrecht traspasa fronteras. Hasta 37 países tienen acuerdo de cooperación jurídica internacional con Brasil, incluyendo naciones tan lejanas y pequeñas como Gibraltar, una pequeña península que separa a Europa de África, según un reporte del diario Estadao.

Este acuerdo supone el intercambio de pruebas penales entre las autoridades judiciales extranjeras con los fiscales brasileros encargados de las pesquisas del llamado caso Lava Jato.

Esta alista – precisa el reporte – se incrementaría este año debido a las nuevas revelaciones de los ejecutivos de la constructora y a la que se sumaría las investigaciones en curso en los Estados Unidos por el caso de Petrobras.

Estos nuevos acuerdos deberán ser aprobados en febrero y marzo próximo.

Pero no son los únicos, dado que en tres años de investigación el Ministerio Público de Brasil cuenta a la fecha con 159 solicitudes de cooperación con diversas autoridades extranjeras para el intercambio de información relacionadas a los resultados de las investigaciones del caso Lava Jato.

Hasta noviembre del 2016, 17 países habían solicitado documentos a la Fiscalía de Brasil a través de 26 acuerdos para sus propias indagaciones. Entre ellos el Perú, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Andorra, entre otros.

La lista de países en cooperación judicial con Brasil es larga y la conforman: Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Uruguay, Alemania, Dinamarca, Suiza, Suecia, Rusia, Macao, China, Singapur, Hong Kong, entre otros. Estos países se extienden por casi todo el mundo, sin embargo Oceanía y África no aparecen. (Ver mapa)

Cabe precisar que hay dos tipos de acuerdos de cooperación jurídica internacional: activa y pasiva.

El activo es cuando el Brasil solicita la presentación de pruebas a una las autoridades del país extranjero; mientras que la pasiva es cuando se requieren las autoridades brasileñas para producir y presentar pruebas a las investigaciones internacionales.

En Brasil, los acuerdos se hacen a través del Ministerio de Justicia o de la Oficina del Procurador General de la República (PGR).