El jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, Alonso Peña Cabrera, aseguró que aproximadamente en 3 o 4 meses se recibirá información por cooperación internacional tanto de Brasil como de Suiza y de otros países a lo que se ha solicitado respecto al presunto pago de sobornos de la empresa Odebrecht.

"En 3 o 4 meses se va tener información para cruzar los datos. Lo que tengo que decir es que los países a los que requerimos de información como Brasil y Suiza están respondiendo positivamente", refirió en conferencia de prensa.

En ese contexto, el magistrado afirmó que los fiscales que investigan este caso han cursado asistencias judiciales – específicamente cartas rogatorias – a Brasil, Estados Unidos, Suiza, Barbados, Gran Caimán, Reino Unido y Panamá, las cuales "muchas de ellas aún no han sido atendidas".

"La cooperación jurídica internacional se rige bajo ciertos estándares y tenemos que cumplirlas, si bien queremos que llegue de la forma más rápida posible, lastimosamente tenemos que respetar estos plazos y procedimientos que demoran, por citar a Suiza o Brasil entre 3 o 4 meses", argumentó.

Ante lo cual, pidió tener paciencia con los plazos establecidos. En otro momento, aclaró que únicamente la cooperación internacional puede ser solicitada por el Ministerio Público o el Poder Judicial.

"La cooperación jurídica internacional solo puede ser requerida por jueces y fiscales. Ninguna otra autoridad tiene legitimidad para solicitarla. La procuraduría tiene un rol importante, pero si ellos quieren recoger cierta información del extranjero, lo tienen que hacer a través del fiscal y si este hace suyo el requerimiento lo extenderá a las autoridades de esos países y de ahí se procede", subrayó el fiscal Peña Cabrera.

También recordó que la información que provino de Estados Unidos, correspondió a un acuerdo entre Brasil, EE.UU y Suiza por la compensación de daños y perjuicios, dado que para el pago de sobornos se usó el sistema bancario y financiero de los Estados Unidos.

"En este caso la fiscalía no es el pretensor de derechos resarcitorios, no lo es. Quien defiende los intereses del Estado es la Procuraduría como bien lo dice el fiscal Hamilton Castro. Lo que él está viendo en este posible acuerdo (con Odebrecht) son consecuencias accesorias al delito, que se derivan de todos aquellos fondos o beneficios ilícitamente obtenidos. Es una incautación con fines de decomiso", puntualizó.