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La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente dejó al voto la solicitud de la defensa del exministro de Economía Luis Miguel Castilla -investigado por el Caso Gasoducto Sur Peruano- para revocar el impedimento de salida del país en su contra por seis meses.
Esta medida fue ordenada por el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena en diciembre de 2019, quien la aprobó solo por el plazo de seis meses pese a que el Ministerio Público había solicitado 18.
Durante la audiencia, la defensa de Castilla a cargo de César Nakasaki señaló que “no se necesita la presencia” del exministro para continuar con las investigaciones que lo involucran.
“¿Requerir los números telefónicos, requerimiento de información? No se necesita la presencia de la persona. Con relación al testigo que va a declarar en Brasil, debo decir que ya declaró el primero que es el señor Jorge Barata, que es el más importante de los testigos. Habla de reuniones y en ninguna ubica a Miguel Castilla”, sostuvo.
Nakasaki cuestionó el peligro procesal y de proporcionalidad contra su defendido e indicó que la indispensabilidad de la presencia física de Luis Miguel Castilla en la investigación requiere de un nexo entre presencia y acto de investigación.
“Voy a investigar con la prueba de ADN, lo necesito para que usted dé muestras, voy a trabajar con el reconocimiento de grabaciones tomadas en escuchas, necesito su presencia para el reconocimiento o muestras de su voz”, refirió.
Agregó que “en ninguna parte se ha argumentado por qué físicamente solo con Luis Miguel Castilla Rubio podría llevarse a cabo” la toma de testimonios entre los que se encuentran el del expresidente Ollanta Humala.
Por su parte, el fiscal adjunto Hernán Wilfredo Mendoza, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, expresó que la posición del Ministerio Público es que se mantenga la medida impuesta contra el exministro de Economía.
Indicó que existe riesgo de que Castilla no se sujete al marco de la investigación preliminar “dada su condición de connacional residente en país extranjero”.
“[Existe] Peligro de fuga de connacional, sobre quien pesa una investigación por hechos graves donde está inmersa la empresa criminal Odebrecht porque según información que proporciona la defensa, contaría con domicilio establecido, familia nuclear y trabajo en importante organización de Estados Unidos”, detalló.
El fiscal explicó que -según la declaración de Castilla- “sus hijas estudian en el extranjero, tiene domicilio fijado allá, no tiene propiedades en el Perú y toda su vida la ha realizado en el extranjero”.
Como se recuerda, la fiscal Geovana Mori investiga los presuntos actos de corrupción en las concesiones del Gasoducto Sur Peruano otorgadas a Odebrecht –o al consorcio que integró– durante los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala.