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Cancillería: Perú será neutral y apegado a la ley en trato con Uruguay por caso García

El vicecanciller Hugo de Zela señaló que lo único que el Perú espera de Uruguay es que "considere" que en el país hay "democracia, Estado de Derecho y separación de poderes, y que el Poder Judicial, en ejercicio de sus funciones, actúa con plena autonomía, como dice la Constitución".

Hugo de Zela

El vicecanciller Hugo de Zela estuvo a cargo de la redacción de la nota diplomática que recibió el embajador de Uruguay sobre el pedido de asilo de Alan García. (Foto: USI)

El vicecanciller Hugo de Zela estuvo a cargo de la redacción de la nota diplomática que recibió el embajador de Uruguay sobre el pedido de asilo de Alan García. (Foto: USI)

El Gobierno de Perú mantendrá una posición "neutral" y "lo más apegada a la ley" en su trato con Uruguay respecto al pedido de asilo diplomático del expresidente Alan García, y no considerará ninguna reacción ante cualquier posible decisión de Montevideo sobre el caso para no influir en la misma, aseguró la Cancillería peruana.


Así lo expresó a Efe el vicecanciller peruano, Hugo de Zela, al explicar la nota diplomática que Perú envió al presidente Tabaré Vázquez, en la que expone su posición sobre la vigencia del Estado de Derecho, independencia judicial y democracia en el país y que incluye también otros documentos "de conocimiento público" sobre las acusaciones e investigaciones fiscales que pesan sobre García.


Según explicó De Zela, esta información se brindó en el marco del Convenio de Caracas de 1954 que regula el asilo diplomático entre los países de la OEA y con ella Perú se limita a cumplir estrictamente con la normativa.


"Lo que está previsto en la Convención es darle al Gobierno al que se pide asilo toda la información disponible para que puedan hacer un análisis con todos los elementos de juicio. Y aquí para el gobierno (de Perú) es fundamental la afirmación de que no existe persecución política", apuntó.


En ese sentido, señaló que lo único que su país espera de Uruguay es que "considere" que en Perú hay "democracia, Estado de Derecho y separación de poderes, y que el Poder Judicial, en ejercicio de sus funciones, actúa con plena autonomía, como dice la Constitución".


Más allá de esto, De Zela sostuvo que no hay más contactos con Uruguay sobre este asunto y que tampoco hay disposición para considerar respuestas en caso de que Montevideo otorgue asilo a García.


"Es un poco difícil pensar en ese supuesto. Y entrar a pensar en eso sería tratar de influir en una decisión que le corresponde exclusivamente a Uruguay. A nosotros nos corresponde exclusivamente darles el tiempo que consideren necesario, sin expresiones adicionales de nuestra parte que no corresponden", insistió.


De Zela entregó la información oficial peruana en una reunión este martes con el embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, en cuya residencia se encuentra García desde el pasado sábado.


El presidente de Perú, Martín Vizcarra, adelantó este lunes que "los argumentos de la posición peruana" serían presentados a las autoridades orientales, después de una conversación que mantuvo con su homólogo Vázquez en la que le pidió que "pondere la opinión de Perú", antes de decidir si otorga esta protección al exgobernante.


García solicitó asilo diplomático a Uruguay bajo el argumento de ser un perseguido político y solo horas después de haber recibido un impedimento judicial de salida del país en el marco de una investigación por colusión agravada y lavado de activos.


El fiscal José Domingo Pérez pidió esa medida contra el expresidente tras recibir indicios de que la empresa brasileña Odebrecht le pagó US$ 100,000 por una charla en Sao Paulo en el 2012, un año después de que dejó su segundo Gobierno.


Ese pago fue hecho con un contrato fraudulento y a través de un testaferro de la empresa.


El expresidente (1985-1990, 2006-2011) es investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo jefe de obra, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó US$ 24 millones en sobornos a funcionarios del Gobierno de García.

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