(Reuters) La fiscalía brasileña presentó este martes una nueva denuncia por lavado de dinero contra , el poderoso exjefe de gabinete del ex presidente Lula da Silva, el mismo día que el Supremo Tribunal Federal (STF) debe evaluar una petición para liberarlo.

Dirceu, hombre fuerte del primer gobierno del izquierdista Lula (2003-2010), que llegó a ser mencionado incluso como su posible sucesor, está preso desde agosto de 2015 y condenado a más de 32 años de prisión por dos procesos dentro del megaescándalo de corrupción en la estatal .

La nueva denuncia efectuada por los fiscales de la operación 'Lava Jato' en Curitiba le acusa de 33 crímenes de lavado de dinero por más de 2.4 millones de reales (US$ 758,000 al cambio actual) cometidos entre 2011 y 2014, cuando este cofundador del Partido de los Trabajadores (PT) ya llevaba años en el ojo de justicia.

El dinero recibido de dos empresas a raíz de contratos con Petrobras le sirvió, entre otras cosas, para contratar un servicio de asesoría de comunicación para "burlar los efectos negativos del descubrimiento de sus crímenes", según la investigación.

Tensión en caso DirceuDeltan Dallagnol, uno de los fiscales de , dijo que la nueva acusación contra Dirceu llega en un "momento oportuno", dado que el STF debe discutir la pertinencia de un 'habeas corpus' presentado por la defensa del exministro.

El STF decidió la semana pasada otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a dos personas ya condenadas por el mismo escándalo un extesorero del Partido Progresista (PP, conservador) y un hacendado amigo de Lula, así como al exmagnate Eike Batista, en preventiva.

"La libertad del inculpado conllevaría serios riesgos para la sociedad por la gravedad de sus crímenes, su reiteración delictiva y la influencia del imputado en el ambiente político", destacó Dallagnol.

Dirceu, de 71 años, fue uno de los personajes clave del llamado "escándalo del , una red de sobornos a legisladores a cambio de apoyo político, que le obligó a dejar el gobierno en 2005, y también del "Petrolao", que drenó miles de millones de dólares de la petrolera estatal hacia partidos políticos y cuentas personales.