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Bancadas coinciden con FP en que Gobierno emita decreto por caso Lava Jato

Nuevo Perú, Alianza para el Progreso y facción de Kenji Fujimori consultadas por Gestión.pe están a favor de que el Ejecutivo emita un decreto de urgencia que evite que Odebrecht venda sus activos en el exterior.

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Foto: USI

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A pocos días para que se quede sin efecto el decreto de urgencia 003 (14 de febrero), con lo cual empresas como Odebrecht – implicadas en actos de corrupción – tendría carta libre para vender sus activos en el exterior sin asegurar el pago de la reparación civil, el Gobierno presentó ayer una propuesta normativa que reemplazaría el 003.

En concreto, el parlamento tendría apenas tres días para evaluar, ajustar, aprobar y promulgar la norma. 

Miguel Torres, de Fuerza Popular, indicó que el legislativo está a favor de discutir, estudiar y analizar las medidas planteadas por la administración de PPK en reemplazo del DU 003, “pero no en tres días”.

“Es un trabajo técnico y serio que debemos de hacer”, refirió. A reglón seguido, precisó que la propuesta debería ser analizada tanto por la Comisión de Economía como por la de Justicia, lo que remarcó, tomaría más de tres días.

Ante lo cual, instó al Gobierno tomar cartas en el asunto y emita una medida – un decreto de urgencia – que cautele los intereses del Estado, es decir, evite que Odebrecht venda sus propiedades sin asegurar el pago de la reparación civil en favor del Estado.

Una posición similar es la de la parlamentaria Maritza García, integrante de la facción liderada por Kenji Fujimori. Indicó a Gestión.pe que el Ejecutivo debería emitir un decreto de urgencia para resguardar los intereses del Estado, “dado que existen pocos días para el debate y la aprobación de la propuesta presentada”.

En cuanto a la iniciativa, dijo que no está de acuerdo que las empresas implicadas en procesos de corrupción, sigan contratando con el Estado, ante lo cual pidió a PPK que ese tema sea retirado del proyecto de ley.

Otro parlamentario en contra de la propuesta es Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular. En declaraciones a Gestión.pe el señaló que con ella “se está sorprendiendo a la ciudadanía”.

“La información que nos ha explicado la ministra Cooper, no refleja lo que está en el documento. Por ejemplo, nos dijo que no iba a ver límites para la inclusión de las consorciadas, sin embargo han recogido otra vez el famoso 10% para favorecer a ICCGSA, JJC Camet y Cosapi. No nos han dicho la verdad”, explicó.

A pocos días para que venza el plazo para que pierda vigencia el DU 003, García Belaunde opinó que el Gobierno debe intervenir a las empresas implicadas en el caso Lava Jato y otras salpicadas por actos de corrupción.

“El Gobierno debe intervenir a las empresas corruptas dado que están engañando al Estado, como es su costumbre, no están haciendo nada nuevo, tal como ocurrió con Universitario, Doe Run, el club Alianza Lima. Así como renegociar los contratos de concesión, que están mal hechos”, refirió.

Una posición distintas es de los parlamentarios de Alianza para el Progreso (APP), Nuevo Perú y el partido Aprista. Así, el vocero de APP, César Villanueva, afirmó que su bancada apoya la propuesta de la administración Kuczynski.

“He visto el borrador y me parece una buena propuesta. Es una ley que permite que los proyectos continúen y que la gente siga trabajando”, expresó.

Ante la premura del tiempo, Villanueva dijo que como bancada se va apoyar al Gobierno. “Aunque esta medida es rápida, porque termina la vigencia del DU 003, mañana me reuniré con el presidente (para ultimar las acciones a tomar)”, indicó a Gestión.pe.

En esa línea, al igual que Torres consideró que el Gobierno debería emitir una medida paliativa ante la premura del tiempo, a pocos días de que venza el plazo del decreto de urgencia 003 para evitar que Odebrecht se beneficie de ella.

Una posición similar es la el parlamentario y vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, que se mostró a favor de la medida enviada por el Ejecutivo.

Aunque remarcó que en tres días no se puede enviar una norma para que sea discutida y aprobada por el Congreso. El único cuestionamiento que observa es que, no solo se debe considerar la reparación civil, sino también asegurar los pagos a la Sunat.

Al igual que su colega de Fuerza Popular, Quintanilla opinó que el Gobierno debería emitir un decreto de urgencia para evitar que Odebrecht venda sus activos y no estar sujetos a las retenciones para la reparación civil.

Jorge del Castillo, del bancada aprista, también se mostró a favor de la propuesta del Ejecutivo aunque aclaró que su posición es personal dado que su bancada aún no se reúne para fijar una posición grupal.  

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