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La audiencia en que se determinará si el expresidente Alejandro Toledo es extraditado a Perú desde Estados Unidos, donde se encuentra fugado, se celebrará en marzo del 2021, según documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe.
El juez Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California aceptó la propuesta de calendario presentada conjuntamente por la Fiscalía y la Defensa en la que se fijan para enero y febrero del 2021 varias fechas límite para presentar documentos y se establece el jueves 11 de marzo como día de la vista de extradición.
Aunque Toledo fue detenido por las autoridades estadounidenses en julio del 2019, la mayor parte del proceso judicial hasta la fecha se ha centrado en determinar si existía riesgo de fuga y si por tanto el exmandatario podía o no quedar el libertad bajo fianza, algo a lo que finalmente el juez accedió en marzo a causa del riesgo en las prisiones por la pandemia de COVID-19.
Desde entonces, el exmandatario permanece en su casa bajo arresto domiciliario, aunque los servicios penitenciarios de California denunciaron que ha abandonado su hogar en cuatro ocasiones para ir a la playa y a casas de vecinos, lo que le ha valido las reprimendas del magistrado.
Toledo está acusado de haber recibido hasta US$ 35 millones de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando aún era presidente, y ha pasado los últimos años prófugo de la Justicia peruana en el área de la bahía de San Francisco, en Estados Unidos.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Toledo recibió millonarios sobornos de Odebrecht mediante el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien supuestamente luego ingresó ese dinero a cuentas en Costa Rica, entre ellas de la empresa Ecoteva, fundada por la suegra del exmandatario.
Maiman, quien reside en Israel, aceptó a fines del año pasado ser "colaborador eficaz" (delator premiado) de la Fiscalía peruana, tras haber declarado que prestó las cuentas de sus empresas para recibir unos US$ 35 millones de Odebrecht para Toledo.
Por ese motivo, el exgobernante está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias y desde febrero del 2017 tiene una orden de captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva.