Un testigo clave en los presuntos sobornos por US$ 15 millones que habría depositado Odebrecht en la a ocho funcionarios y empresarios peruanos entre el 2008 y el 2015 –según reveló el diario El País– ha complicado la situación de los investigados.

Según el medio español, los supuestos beneficiarios de este dinero habrían sido Miguel Atala, expresidente de Petroperú; el exárbitro Horacio Cánepa y Gabriel Prado, exfuncionario municipal de Susana Villarán.

También, Rómulo Peñaranda Castañeda y Jorge Peñaranda Málaga; Víctor Muñoz Cubas; Edwin Luyo y Juan Carlos Zevallos Ugarte.

El factor Tacla

¿Quién es el testigo? De acuerdo a fuentes de Gestión, el equipo fiscal especial del caso Lava Jato viajó el 9 de mayo a Madrid, junto a la procuradora adjunta del Silvana Carrión, para interrogar a Rodrigo Tacla Duran en la sede de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado.

La fuente contó que el testigo fue abogado externo de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Es decir, la Caja 2, de donde salía el dinero para sobornar a funcionarios y políticos. “A Tacla se le encargó hacer la revisión de todas las cuentas de la Banca Privada de Andorra y otros temas que le encargó Odebrecht”, comentó el informante.

Precisamente, en una entrevista con El País, Tacla afirmó que “la constructora sobornó a más de mil personas en todo el mundo”.

¿Qué confesó?

El exabogado de Odebrecht habría dado detalles importantes de los supuestos pagos de Odebrecht a los siete investigados por el Ministerio Público.

Gestión conoció que la Fiscalía investiga estas transferencias de dinero y habría novedades pronto. Las pesquisas aún son preliminares.
En tanto, la Procuraduría también habría solicitado información a la Banca Privada de Andorra para evaluar medidas cautelares.

Camargo Correa también en Andorra

El grupo brasileño de construcción Camargo Correa movió US$ 100 millones entre el 2008 y el 2011 en un banco de Andorra, un pequeño país europeo considerado hasta el pasado año paraíso fiscal. Según el diario El País, la constructora manejó estos fondos a través de una madeja societaria vinculada a dos exejecutivos y a la propia corporación empresarial.