Actualmente, en el Perú existe un marco normativo en materia de transformación tecnológica, el cual es impulsado por la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM. Este establece que las distintas administraciones a nivel nacional deben comprometerse con hacer una regulación digital.
“Ya sea una municipalidad o un organismo autónomo, todas tienen la misma transversalidad en cuanto a la normatividad. Por ejemplo, formar el Comité de Gobierno Digital, desarrollar el plan de gobierno digital, incorporarse a gob.pe, migrar hacia el IPv6, implementar todo el software público, implementar la seguridad digital de las entidades y priorizar la digitalidad de servicios a los ciudadanos”, señala Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital.
Sin embargo, en la práctica esto no se cumple.
Por ello, la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) ha solicitado responsabilidades administrativas para las autoridades que no cumplan con esta normativa.
“Ni siquiera el 15% de la administración pública está comprometida en la digitalización del gobierno. Esto se da por una falta de voluntad política de parte de las autoridades. Nosotros vamos a plantear dos cosas a nivel del próximo Congreso, vamos a solicitar que se incluya la implementación de la transformación digital, pero además, que se incluyan y apliquen sanciones o responsabilidades correspondientes para los que no cumplan con este mandato”, señaló Álvaro Paz de la Barra, presidente de la asociación.
Asimismo, señaló que de esa manera las autoridades pueden recuperar la confianza de la gente. "Las plataformas digitales son las que nos van a acercar a la ciudadanía, ya que ellos podrán tener el poder en sus manos a través de sus smartphones, tablets, etc", agregó.
Para la secretaria de Gobierno Digital, Marushka Chocobar, las sanciones administrativas ya están establecidas en la regulación digital, pero es importante añadir incentivos y reconocimientos para las entidades que sí cumplan con la normativa en materia de digitalización.
"Hay un proceso de fiscalización Yo creo que la AMPE está haciendo un gran trabajo en impulsar este tipo de temas, pero tenemos que ir más por el lado de los incentivos. Las sanciones están escritas, quién no cumple las normas tiene una sanción administrativa", declara en marco del evento Perú Digital Summit 2020.
Cabe destacar, que la propuesta del presidente de la AMPE estaría orientada a las 300 municipalidades consolidadas de las más de 1,800; las cuales gozan con un presupuesto como para impulsar la digitalización de sus gobiernos.
Ante este panorama, de la Barra manifiesta la importancia de ampliar la ley de gobierno digital a todas las administraciones y buscar una forma de subvencionarlas mediante el tesoro público para que puedan ser insertadas también en esta política.
Las sanciones administrativas que pide la AMPE forman parte de un paquete de entre 12 y 15 propuestas que presentarán al nuevo Congreso, en una reunión que tendrán en la primera quincena de marzo.
