El caso de , ciudadana cajamarquina que matiene un litigio legal con la empresa minera por la propiedad de su terreno, ha hecho levantar la voz de protesta de la sociedad civil, incluyendo a una activista de en Alemania

Karin Kunze envió una carta, fechada 12 de febrero del 2015, al ahora exministro de Justicia, Daniel Figallo.

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Además de hacer un recuento de las hostigaciones y actos de intimidación de las que son víctimas Máxima Acuña y su familia por parte de la Policía, la activista exige una investigación sobre la demolición parte de la casa de Acuña.

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"Permítame recordarle que la policía debe proteger a la familia Acuña de cualquier acto de violencia e intimidación y debe respetar sus derechos humanos en todo momento, incluyendo el derecho al terreno donde ellos viven. Le exhorto a ordenar una investigación profunda e imparcial sobre la demolición de la ampliación de la casa de Máxima Acuña y otros actos de hostigamiento e intimidación, y que lleve a los responsables ante la justicia", se afirma en la misiva.

Por su parte, Amnistía Internacional Perú ya lanzó una "acción urgente" para proteger los derechos de Máxima. Activistas de derechos humanos se manifestaron esta semana frente a las oficinas de Yanacocha en Lima para exigir que respeto por los derechos de toda la familia Acuña.

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