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Allanan estudio de abogados que habría intentado tergiversar declaraciones de caso cócteles

A pedido del fiscal José Domingo Pérez, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso allanar el estudio Oré Guardia Abogados en San Borja. Aquí los detalles.

José Domingo Pérez

José Domingo Pérez. (Foto: Paco Sanseviero).

José Domingo Pérez. (Foto: Paco Sanseviero).

El Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público, ordenó el allanamiento de un estudio de abogados ubicado en San Borja como parte de las investigaciones que involucran a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular en el presunto delito de lavado de activos en la campaña del 2011.

El fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato, José Domingo Pérez, pidió que se dicte esta medida para poder tener acceso a los documentos relacionados a posibles pagos vinculados a los investigados por el Ministerio Público.

" Han habido abogados que han sido puestos para que se tergiverse el testimonio de los aportantes para que se den declaraciones que no son exactas, falsas, para coaccionar testigos o coimputados [...] Tenemos que determinar y corroborar esa información y para eso vamos a revisar los registros contables y administrativos", señaló el fiscal José Domingo Pérez.

El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho fue quien admitió el pedido del fiscal de lavado de activos, quien también precisó que no hubo resistencia alguna por los trabajadores del inmueble ubicado en la calle Dalton, en San Borja.

"Hay cooperación por parte de los responsables de este estudio y nos han permitido acceder a la información contable y administrativa y es lo que incumbe al Ministerio Público, además de determinar si hay alguna documentación relacionada a los recibos de aportantes o vouchers de las campañas del 2011 y del 2016", precisó José Domingo Pérez.

Keiko Fujimori , lideresa de Fuerza Popular, ha recibido una orden de prisión preventiva por 36 meses como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.

Durante el proceso, el fiscal Pérez ha señalado que hay indicios suficientes para considerar que Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular que están siendo investigados buscaron aportantes falsos en el 2011, ello para fraccionar y ocultar US$1 millón que habrían recibido de la empresa Odebrecht.

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