El Poder Judicial aprobó que la investigación contra el expresidente Alejandro Toledo sea hasta diciembre del 2022. (Foto: EFE)
El Poder Judicial aprobó que la investigación contra el expresidente Alejandro Toledo sea hasta diciembre del 2022. (Foto: EFE)

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el pedido de la defensa de JJC Contratistas Generales para dejar sin efecto la convocatoria de este martes a la audiencia de requerimiento mixto (de acusación y sobreseimiento) por el caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

Al iniciarse la diligencia, la defensa de la empresa pidió que se reprograme la audiencia porque el Ministerio Público no se habría pronunciado en el requerimiento acusatorio sobre JJC Contratistas Generales como sujeto pasivo incorporado en el proceso judicial ni le habría notificado del requerimiento mixto correspondiente.

Asimismo, argumentó que aún se encuentra pendiente de resolver la apelación en contra de la resolución judicial que dispuso la incorporación de JJC Contratistas Generales como sujeto pasivo en el proceso judicial.

Concepción Carhuancho dijo que está pendiente una resolución de la Sala Superior de Apelaciones sobre la situación jurídica de las cuatro empresas involucradas, entre ellas JJC Contratistas, por el caso Interoceánica Sur.

“Mientras no se resuelva ello, no se puede llevar al cabo la audiencia de requerimiento mixto”, sostuvo el juez durante la audiencia, según informó Andina.

Por lo expuesto, el magistrado dispuso reservar el trámite presente hasta que el Ministerio Público complete el requerimiento acusatorio en lo que atañe al pronunciamiento sobre las cuatro personas jurídicas.

La investigación del caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) involucra al expresidente Alejandro Toledo, para quien la fiscalía ha solicitado 20 años y 6 meses de prisión por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión.

Asimismo, ha pedido su inhabilitación por nueve años para ejercer cargos públicos. La fiscalía señala que la empresa Odebrecht habría pagado una coima de 35 millones de dólares a Toledo Manrique para beneficiarse con la licitación de la carretera Interoceánica.