El juez Thomas S. Hixson, integrante de la Corte de California, quien ordenó este martes que el expresidente Alejandro Toledo sea detenido en el marco del proceso de extradición en su contra por parte del Estado Peruano, será el encargado de presidir la audiencia de fianza y posteriormente, la referida a la extradición en sí misma.
El magistrado, según informa el registro de la Corte de California, se unió a la misma el año pasado tras cumplir cerca de dos décadas de trabajo como abogado privado de distintas firmas en San Francisco.
Hixson cuenta con estudios universitarios en la escuela de leyes de la Universidad de Harvard de la cual egresó de manera sobresaliente y tras su graduación fue asistente del juez A. Wallace Tashima del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena.
En el ámbito privado ejerció como socio de McCutchen, Doyle, Brown & Enersen LLP; así como de Morgan, Lewis & Bockius, LLP, Bingham McCutchen LLP. Durante aquel tiempo litigó en diversos casos relacionados con regulación de energía, gestión del agua y telecomunicaciones, propiedad intelectual, competencia antimonopolio y desleal.
Asimismo, contribuyó con el Estado de California participando en la elaboración de la ley de competencia desleal y antimonopolio de dicho estado y ejerciendo como presidente de la Sección de Leyes de Competencia Desleal del Colegio de Abogados del Estado de California.
Hixson también destacó como presidente de la Sección de Leyes de Competencia Desleal del Colegio de Abogados del Estado de California. También apoyó causas nobles como la lucha contra el VIH siendo parte de la Junta de Directores del Panel de Referencia Legal de SIDA.
Este viernes, el exmandatario Alejandro Toledo se presentará ante el juez Hixson quien determinará si continúa el proceso de extradición en libertad bajo fianza o permanece detenido.
Como se recuerda, Toledo Manrique está requerido por la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario por presunto tráfico de influencias.
Posteriormente, el Poder Judicial dictó una segunda orden de prisión preventiva contra el expresidente por el presunto delito de lavado de activos, en el marco de las investigaciones por el Caso Ecoteva.