El expresidente Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. (Foto: GEC)
El expresidente Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. (Foto: GEC)

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, afirmó que si bien el expresidente Alberto Fujimori tiene derecho a tener un teléfono público en la Diroes, no puede realizar activismo político y por esta razón se ha iniciado una investigación a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

"En la situación del expresidente Fujimori, tiene derecho a tener un teléfono público instalado, lo que no tiene derecho es al acceso a un celular. El derecho a las comunicaciones se ha mantenido. Y en cuanto al activismo político les puedo decir que es irregular, por ello se ha iniciado las investigaciones", expresó.

Respecto al alto número de vistas que Alberto Fujimori recibió ha recibido, desde julio hasta diciembre, un total de 757 visitas, Revilla señaló que le ha pedido cuentas al jefe del INPE, César Cárdenas.

"A mí me sorprendió muchísimo el número de visitas y le he pedido cuentas al jefe del INPE, qué es lo que está pasando. En otros penales no hay esa fluidez de visitas para una persona que está detenida", indicó en Radio Nacional.

Como se recuerda, un audio reveló que el expresidente Alberto Fujimori -recluido en el penal de Barbadillo- coordinaba telefónicamente la candidatura congresal por Fuerza Popular de Crisóstomo Benique, un dirigente de Juliaca, para las Elecciones 2020.

Por este hecho el INPE le inició un proceso sancionador. Se evalúa moderar el acceso al teléfono público y las visitas, o colocarlo en un régimen especial.

Al respecto, el propio Crisóstomo Benique reveló que él difundió el audio con el exmandatario y sostuvo que el fujimorista Moises Mamani fue quien lo ubicó para que participe con Fuerza Popular, en las elecciones parlamentarias 2020.

Respecto al caso de los dos trabajadores fallecidos en un local de McDonald's, Revilla señaló que el Minjus ofreció soporte legal a los deudos a través de la oficina de Defensa Pública, pero las familias respondieron que contratarían a sus propios abogados.

“El Ministerio de Justicia puso a disposición de los familiares de la victimas del McDonald’s abogados de oficio (defensa pública), pero no fue aceptado. Sin embargo, se está haciendo el seguimiento aquí”, aseveró.