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Uruguay da un espaldarazo a la lucha anticorrupción en Perú

La semana pasada, el ministro de Justicia Vicente Zeballos aseguró que Alan García había puesto a Uruguay en "una circunstancia bastante delicada", al tener que fijar una posición internacional sobre la democracia en Perú.

Alan García

Por David Blanco Bonilla

La decisión del Gobierno de Uruguay de rechazar el pedido de asilo diplomático planteado por el expresidente Alan García es un espaldarazo a la lucha anticorrupción que han emprendido el Gobierno y las autoridades judiciales de Perú.

En sentido estricto, la sorpresiva decisión de García de ingresar el 17 de noviembre en la residencia del embajador uruguayo en Lima puso en entredicho todo el andamiaje jurídico armado por fiscales y jueces, así como por el Gobierno de Martín Vizcarra, quien ha puesto a la lucha anticorrupción como primer punto de su agenda.

García es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en un caso de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

El expresidente esgrimió la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, a pesar de que esta establece que la medida de protección no procede cuando ya existe un proceso o una imputación en marcha en el fuero judicial por delitos comunes.

Al momento de anunciar hoy su decisión, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, enfatizó que en Perú "funcionan libremente los tres poderes del Estado", con lo que concedió, de manera simbólica, el certificado de "democracia" internacional al que aludió el ministro de Justicia y Derechos Humanos peruano, Vicente Zeballos.

La semana pasada, Zeballos aseguró que García había puesto a Uruguay en "una circunstancia bastante delicada", al tener que fijar una posición internacional sobre la democracia en Perú.

El ministro remarcó que, al contrario de lo que afirma García, en su país existe un estado de derecho sin interferencia de poderes y con libertades absolutas, al punto que funcionarios de Estado como la actual vicepresidenta Mercedes Aráoz también afrontan imputaciones de la Fiscalía.

Y es que el Gobierno peruano se tomó muy a mal que García denuncie una judicialización de la política, como si detrás de los procesos que afrontan varios expresidentes por corrupción hubiese una intromisión del Ejecutivo.

Al respecto, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, señaló hoy que las investigaciones judiciales contra García "no constituyen persecución política" y se refieren a asuntos económicos y administrativos vinculados a sus dos gestiones como presidente, de 1985-1990 y 2006-2011.

La medida fue tomada con beneplácito por las autoridades peruanas, que tras el pedido de asilo enviaron un informe de más de mil páginas para justificar que el exgobernante no es perseguido por sus ideas sino que afronta investigaciones por presunta corrupción.

Para el canciller peruano, Néstor Popolizio, la decisión del presidente Vázquez ratifica a nivel internacional "que en Perú existe democracia, división de poderes, estado de derecho y debido proceso".

"Creo que esta decisión preserva el buen estado de las relaciones bilaterales", agregó en alusión a las opiniones de sectores políticos y sociales que incluso indicaban que Perú debía romper relaciones diplomáticas con Uruguay si se concedía el asilo.

Esto debido a que, una eventual medida a favor del pedido, también podía ser usada por otros políticos y altas autoridades que son investigadas por presunta corrupción como un argumento para cuestionar la independencia de los poderes del Estado en Perú.

De esa manera, aún sin quererlo y de una manera indirecta, el gobierno de Tabaré Vázquez le ha dado un aval internacional a la dura, y difícil, lucha que ha emprendido Perú para investigar las denuncias de corrupción que alcanzan a gran cantidad de personajes políticos y autoridades.

Ahora toda la ciudadanía espera que se ratifique lo que afirmó el presidente Vizcarra: que en su país "nadie tiene corona" y que la democracia "garantiza la independencia de poderes y el debido proceso".

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