El abogado Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y defensor de Nadine Heredia, la esposa del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), pidió un "trato igualitario" para el exmandatario, similar al que se da al también exgobernante encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000).

"Como abogado, hoy me preocupa que el Ejecutivo garantice la seguridad del expresidente Humala y de la señora Heredia. Invoco a la ministra de Justicia y al presidente del Inpe (Instituto Nacional Penitenciario).

Espero que por lo menos haya un trato equilibrado con otro expresidente", declaró Pedraza a los periodistas.

El abogado señaló que espera conocer la decisión que tomará el Inpe sobre las cárceles en las que serán recluidos Humala y Heredia, luego de que un juez ordenó el jueves su prisión preventiva durante 18 meses en un proceso por presuntos casos de corrupción.

Pedraza consideró, tal como comenta la prensa local, que Humala "podría acomodarse" en el penal de la Dirección de operaciones especiales (Diroes) de la Policía Nacional en el distrito limeño de Ate-Vitarte, donde está recluido Fujimori desde 2009, cuando fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

"No tengo claro a dónde van, el proceso de clasificación aún no ha concluido", reveló antes de decir que en el penal policial hay "un espacio grande" y Humala "puede acomodarse a cualquier espacio en ese lugar".

Pedraza reiteró que espera "que se esté haciendo una evaluación adecuada y que toda acción tenga que ver con la seguridad del presidente Ollanta Humala".

"Ellos están tranquilos, ciertamente apenados porque han dejado a su hijo (Samín, de 6 años) que está ahora con un familiar. Ese proceso de aflicción se supera con la decisión adecuada que tomaron anoche de presentarse ante el juez", acotó.

EncarcelamientoSegún medios locales, el Inpe puede decidir que Humala sea encarcelado en el penal de la Diroes y Heredia en el penal de mujeres del distrito limeño de Chorrillos.

Humala y Heredia ingresaron el jueves en el calabozo del Palacio de Justicia en cumplimiento a la orden de detención preventiva por 18 meses dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, acusados de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Ambos son investigados por la presunta recepción de 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011 y de dinero "ilícito" procedente de Venezuela para la campaña de 2006.