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Abogada de Keiko Fujimori será investigada por presunta obstrucción a la justicia

El fiscal José Domingo Pérez también incluyó a otros abogados del estudio Oré Guardia

Giulliana Loza

El fiscal José Domingo Pérez incluyó en la investigación contra Keiko Fujimori y otras personas por el presunto delito de lavado de activos a su abogada, Giulliana Loza, y otros representantes legales de implicados.

En una disposición que fue difundida por Canal N, el fiscal del equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato formalizó la inclusión en las investigaciones preliminares a Giulliana Loza y los abogados Arsenio Oré, Edward García, Luis Ernesto Lazo, Lorena Gamero y Danae Calderón.

A todos los mencionados se les investigará por el presunto delito contra la administración de la justicia en la modalidad de obstrucción de la justicia.

Asimismo, se dispone la ampliación de la investigación contra Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa para incluir, además de lavado de activos y organización criminal, la presunta comisión del crimen de obstrucción de la justicia.

Cabe recordar que el martes 20 de noviembre último, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, fueron allanadas las oficinas del estudio Oré Guardia Abogados en el distrito de San Borja.

La justificación fue el testimonio de diversos testigos protegidos que indicaron que fueron contactados por abogados contratados por este estudio para que no cambien su testimonio y evitar que revelen que no realizaron aportes a la campaña de Keiko Fujimori en los años 2011 y 2016.

- Loza reclama -

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, denunció esta decisión del fiscal Pérez como un intento para dejar sin defensa a la ex candidata presidencial.

"Más allá de estos absurdos cargos que enfrentaré sin problemas en las instancias correspondientes, quiero advertir esta burda maniobra del fiscal para obstruir, deslegitimar y dejar sin defensa a Keiko Fujimori", señaló Loza.

En ese sentido, hizo un llamado para que los colegios de abogados, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil ser pronuncien contra lo que consideró un "nuevo abuso contra quienes ejercemos la defensa legal en el Perú".

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