Las autoridades políticas y líderes sociales exigen a la empresa la entrega de mil soles a cada uno de los más de 44,000 electores de la provincia para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19. (Foto: Captura de video)
Las autoridades políticas y líderes sociales exigen a la empresa la entrega de mil soles a cada uno de los más de 44,000 electores de la provincia para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19. (Foto: Captura de video)

La Presidencia del Consejo de Ministros () suspendió las conversaciones para buscar consensos al interior del Comité de Gestión del Convenio Marco de Espinar (), en el que están representadas las autoridades políticas de la provincia, líderes de organizaciones sociales y la compañía minera; esto luego que se registraran actos de vandalismos contra el campamento de Compañía Minera Antapaccay.

La empresa informó que trasladó al persona la una zona segura por un par de horas y luego retornaron al mismo.

Entre los actos violentos registrados esta mañana destacan la quema de la estación de bombeo que provee de agua a más de 2000 pobladores de la comunidad de Tintaya-Maquiri y otros sectores que se verán privados del recurso durante un lapso aún por determinar; la quema de cientos de hectáreas de pastizales que alimentan al ganado de la zona y significan un grave atentado ambiental; así como la avería del sistema que monitorea la estabilidad de la presa relaves de Camacmayo.

“El primer afectado por la violencia es el propio pueblo de Espinar”, señaló Paola Bustamante, comisionada de la PCM.

Las autoridades políticas y líderes sociales exigen a la empresa la entrega de mil soles a cada uno de los más de 44,000 electores de la provincia para mitigar el impacto de la pandemia de en la economía local.

La empresa, si bien coincide en la necesidad de medidas especiales para reactivar la economía de las familias espinarenses, considera que la propuesta no atiende adecuadamente las necesidades de la población más vulnerable y propone alternativas que considera más eficaces y sostenibles.

Estas son la inmediata generación de empleo a través de la ejecución de proyectos de infraestructura, la entrega de microcréditos sin intereses a las MYPES locales y la asistencia alimentaria directa a la población vulnerable.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria la empresa ha contribuido a mitigar sus impactos entregando canasta de víveres a más de 15,000 familias espinarenses, equipando centros de salud regionales y locales, proveyendo equipos de bioseguridad a personal de primera línea y desinfectando locales públicos en toda la provincia.

Suspensión

Desde el inicio de la reunión, a las 11:00 am, la representante de la PCM advirtió la imposibilidad de continuar el diálogo mientras se desarrollaban actos vandálicos y conminó a las autoridades políticas y líderes sociales a hacer llamados a la calma.

Estas lo hicieron, pero con tibieza, y más bien responsabilizaron a la empresa por cualquier acto de violencia.

Conforme pasaban las horas la situación se fue agravando y pasadas las 13:30 horas, Paola Bustamante dio por terminada la reunión señalando que “nada justifica la violencia”.


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