PCM recibirá información anual de instituciones públicas sobre lobbistas

SANDRA ALVARADO S.
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MIGUEL JUAPE
miguel.juape@diariogestion.com.pe

El 17 de abril, el presidente Martín Vizcarra presentó su declaración de intereses, medida que, según indicaron desde el Ejecutivo, buscarán que no solo sea voluntaria sino obligatoria. Cinco días después, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lanzó un decreto supremo para establecer medidas de integridad pública y lucha contra la corrupción.

Entre los alcances de esta norma se indica que la PCM recibirá información anual sobre los lobbistas (gestores de intereses) de cada una de las instituciones públicas. De acuerdo a la norma, el servidor con capacidad de decisión de la entidad será el encargado de dar cuenta además de los actos que realicen con dichos gestores.

En enero del año pasado, con las firmas del entonces jefe del Gabinete Fernando Zavala y del presidente Pedro Pablo Kuczynski se modificó la ley que regula la gestión de intereses en la administración.

Se eliminó el registro de lobbistas para darle paso al registro de visitas en formatos electrónicos en los que se consigna información sobre las personas que asisten a reuniones o audiencias con un funcionario o servidor público, el cual tenía que publicarse en el portal web de cada entidad.

Aterrizar
Para Juan Carlos Salinas, socio del Estudio Muñiz, lo que está haciendo el Gobierno a través de esta norma es establecer algunas pautas para obligar a la administración pública a que implemente una serie de mecanismos e instrumentos a fin de alcanzar la integridad pública, como es que se conoce.

“Quizás lo más importante, cuando se habla de implementar un registro que va a manejar la entidad, ya no es un registro público para reconocer al gestor de intereses, sino que es un documento para que la entidad registre cuáles son los sectores que están interviniendo en sus contratos de inversión pública”, anotó en diálogo con Gestión.

Desde el punto de vista de la administración, lo que se está estableciendo es una serie de medidas que tienen un carácter general, pero que van a ser implementadas por la administración pública, añadió.

“En resumen, desde el punto de vista de la administración, se busca aterrizar este tipo de mecanismos, el registro de gestión de intereses ahora viene a ser un registro particular manejado por la entidad”, expresó.

Destacó que por transparencia cualquier ciudadano, podría solicitar este tipo de información.

Nueva secretaría
Precisamente, según el decreto supremo publicado en las normas legales, se creará la Secretaría de Integridad Pública en la PCM, como órgano responsable de ejercer técnicamente la lucha contra la corrupción.

Detalla que se encargará de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riegos de dicho flagelo.

De otro lado, el Ejecutivo en el marco de dicha norma dio paso a la fusión del órgano denominado Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en la Presidencia del Consejo de Ministros (Gestión 18. 04.2018).

LAS CLAVES
- Reporte de denuncias. Según el decreto supremo de la PCM, en dicho documento se abordan las denuncias frente a situaciones que pudieren resultar en actos de corrupción.

- Casos. El registro se dará especialmente en materias sensibles vinculadas a actos de funcionarios o directivos de alto nivel garantizando confidencialidad.

- Financiamiento. La aplicación de la norma se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego.