Organizaciones indígenas piden oficializar que no habrá consultas previas virtuales para ninguna actividad

Después que el Gobierno declinara su intención de realizar consultas previas virtuales en minería e hidrocarburos, de acuerdo a declaraciones de la Ministra de Energía y Minas Susana Vilca, el Estado debe descartar totalmente las consultas virtuales en todo tipo de actividad, solicitaron diversas organizaciones indígenas.

“Se ha hablado solo de minería y de hidrocarburos. Es deber del Ejecutivo descartar tajantemente las consultas virtuales para todos los sectores. Las grandes brechas en tecnología de nuestras comunidades andinas y amazónicas, y en especial de nuestras hermanas indígenas, hacen imposible que una consulta virtual funcione sin distinción de sector; esto vulneraría profundamente nuestros derechos”, señaló la lideresa indígena Lourdes Huanca, presidenta de FENMUCARINAP.

Asimismo, al estar las regiones de la Amazonía entre las más golpeadas por el COVID-19, urge que el gobierno voltee a mirar las necesidades locales de la población y realice propuestas basadas en ellas.

“El siguiente paso es sentarnos a la mesa de igual a igual con el Estado para discutir el proceso de reactivación económica sobre nuestros territorios, y cómo se van a respetar nuestros derechos a la consulta previa y a la participación ciudadana. Necesitamos una mesa técnica donde construyamos también protocolos para el respeto de estos derechos que funcionen de acuerdo a las tradiciones indígenas de toma de decisiones y la realidad amazónica en tiempos de emergencia”, señaló Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena amazónica AIDESEP.

“Señor Presidente, Ministra Vilca, Ministra Alva, además tenemos a miles de hermanos y hermanas indígenas expuestos al COVID-19 y las medidas del gobierno no son efectivas, no podemos reactivar la economía a costa de la vida de los pueblos indígenas, retomemos el diálogo por una atención efectiva”, enfatizó Cauper.

Cabe destacar que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas para participar de las decisiones estatales que puedan afectar a estos pueblos, y este 2020 cumplió 25 años de vigencia en el Perú, en el papel, de los cuales solo tiene 8 llevándose a la práctica.