Incorporan a OAS como tercero civil responsable por daños al Estado en obra de Cusco

El Poder Judicial incorporó a la empresa Constructora OAS S.A. Sucursal Perú como tercero civil responsable por daños causados al Estado peruano en la licitación y construcción del Hospital Lorena del Cusco.

Esto debido a que el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Poder Judicial admitió el pedido del procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, para dicha incorporación.

En caso de no acogerse a la Ley 30737 (norma que reemplaza al D.U. 003), la constructora brasileña afrontaría un juicio en el que el Estado peruano demanda una reparación civil que hasta el momento se calcula en S/ 39 millones.

La resolución emitida el pasado 22 de marzo por el juez Juan Carlos Sanchez Balbuena también incorpora como responsables civiles a las empresas Motlima Consultores S.A., Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C. y Cesel S.A.

Con esta medida, en caso de resultar responsables ante los tribunales, las mencionadas empresas y las personas naturales que vienen siendo procesadas pagarían el mencionado monto de reparación civil, calculado hasta la fecha.

Hospital Lorena

En este caso se investiga al exgobernador regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, junto a otros funcionarios de su gestión, quienes presuntamente se habrían coludido con los representantes de las empresas del Consorcio Salud Lorena (integrado por OAS, Motlima y Dextre + Morimoto) y la empresa supervisora Cesel para favorecerlos en la licitación para adjudicarse la obra, así como en la aprobación de pagos adelantados y sobrecostos que incrementaron significativamente los montos pactados inicialmente.

El contrato para el mejoramiento del hospital se firmó en julio de 2012 por un monto de S/ 197,580,499.16, que incluía la elaboración del expediente técnico más la ejecución de la obra.

Posteriormente, se firmó una adenda que incrementó el costo en S/ 13,242,148.24 por la construcción de una nueva infraestructura sobre los pabellones de los servicios materno infantil y de hemodiálisis, que habían sido construidos antes de la contratación de la obra.

La inversión realizada en dicha construcción más los gastos para su demolición generaron al Estado un gasto adicional de S/ 5,895,430.06.

Por estos dos montos fuera del contrato inicial, en julio de 2017 la Procuraduría postuló de manera preliminar un daño patrimonial de S/ 19,137,578.30, mientras que por afectación a la imagen de las instituciones del Estado planteó un daño extrapatrimonial de S/. 20 millones.

Actualmente, el procurador Ramírez viene analizando nuevos posibles daños.

Además de Acurio Tito y otros funcionarios de su gestión, en este caso también vienen siendo investigados el expresentante de OAS, Valfredo de Asis Ribeiro; y el exgobernador regional de Cusco, Rene Concha, quien sucedió en el cargo a Acurio Tito a principios del 2014.

Reduce pena, si OAS colabora

En caso que OAS y las otras empresas deseen evitar una larga disputa judicial y decidan someterse a un proceso de colaboración con la justicia (colaboración eficaz o aporte de información relevante) a cambio de la reducción de penas para sus directivos, así como de los montos de reparación civil, entre otros beneficios, las compañías pueden acogerse a la Ley 30737, que fue promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo con los aportes del Congreso de la República.