Municipalidad de Lima y Ministerio de Vivienda resolverán disputa por edificios ante el TC

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Ministerio de Vivienda, debido a que -según explicó- este sector pretendió normar en qué zonas de los distritos se pueden construir edificios de determinadas características cuando esta es una competencia exclusiva de los Gobiernos locales.

El burgomaestre indicó que el sector Vivienda busca construir edificios que funcionen como departamentos de bajo costo a los que pueda acceder la ciudadanía, pero que lo ha hecho desconociendo la zonificación que tienen los distritos.

“El Ministerio de Vivienda ha pretendido poder normar temas de zonificación para viviendas de uso popular, más económicas, esa es una competencia netamente municipal, las municipalidades son las que deciden las alturas y los lugares en los que se puede construir. Entonces, al ver que se arrogan a una competencia que no tienen, es que se presenta una demanda competencial”, dijo Muñoz declaraciones a la prensa.

El diario El Comercio informó que las disposiciones del ministerio permiten que distritos limeños como San Isidro, Miraflores o La Molina puedan levantar edificios más altos (el tamaño máximo varía de acuerdo a la zona), con departamentos más pequeños (acorde con las condiciones mínimas de habitabilidad), menos estacionamientos (uno por cada tres viviendas), entre otras características; siempre y cuando formen parte de los programas subvencionados por el ministerio.

Esta demanda se suma a la presentada por la Municipalidad de San Isidro, la cual también presentó este recurso ante el TC por el mismo motivo.

Según la demanda de la comuna de San Isidro las normas que dio el sector Vivienda “contravienen la calidad residencial del distrito, organizado y estructurado en base a los ámbitos urbanos homogéneos”, “promueven una desvalorización de las unidades de vivienda a nivel de departamentos que a la fecha ostentan un alto valor comercial” y “desvirtúan el ordenamiento y desarrollo planificado” de la jurisdicción.