MTC inició nulidad de autorizaciones a terminales de buses ante incumplimientos

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) empezó el proceso de nulidad de las autorizaciones otorgadas para el funcionamiento de terminales terrestres -solo con una declaración jurada y el pago por derecho-  dado que se ha determinado que incumplen con las condiciones técnicas y operativas para brindar el servicio.

"Como consecuencia de fiscalización posterior se estableció el procedimiento de las nulidades de aquellas autorizaciones (para un terminal terrestre) que no habían cumplido -según la declaración jurada- con las especificaciones técnicas", refirió el director de Servicios de Transportes Terrestre del MTC, Favio Arciniega, durante su participación en la Comisión de Transportes del Congreso.

Agregó que "de todas las habilitaciones otorgadas en porcentaje de nulidades estamos en  un promedio, por los menos del año 2016 y 2017, de 40% a 45% ya que se ha determinado que los terminales no cumplen con las condiciones técnicas y administrativas para prestar el servicio".

En ese sentido, explicó que en el año 2016 -en la se cambió las condiciones para la autorización de un terminal terrestre a la presentación de una declaración jurada- se otorgaron 89 habilitaciones; el 2017, 129; el 2018, 124 y en lo que va del 2019, 23 habilitaciones para el funcionamiento de un terminal terrestre.

El funcionario indicó, asimismo, que a la fecha existen 508 terminales terrestres habilitados a nivel nacional. En esa línea, indicó que se cambió los requisitos exigidos para otorgar la autorización de funcionamiento el 2015 en respuesta a una Acción Popular promovida por el Indecopi, que calificó como una barrera burocrática los requisitos exigidos -antes antes del 2015- para el citado permiso.

"Existía una serie de requisitos para solicitar la habilitación técnica de un terminal terrestre. Posteriormente, por una Acción Popular  que fue promovida por el Indecopi, estos requisitos se redujeron a tres los que actualmente están vigentes como son la presentación de una solicitud simple, una declaración jurada y el pago del derecho de tramitación". apuntó Arciniega.

Recordó que los requisitos que fueron prácticamente anulados estaban relacionados con la presentación de informes técnicos de certificadoras y estudios de impacto vial.

"El Poder Judicial determinó que esto limitaba a los ciudadanos y determinó que esos requisitos no debían ser pedidos porque perjudicaba al administrado, por lo que actualmente con la declaración jurada el administrado asegura que cumple con ambos requisitos para obtener la autorizacion", apuntó.