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La confianza en el Poder Judicial peruano, ente encargado de administrar justicia, es bastante baja. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2018, el 53.4% de la población no confía o confía poco en esta institución, indicó la consultora Macroconsult.
Refiere que a diferencia de otros sectores, como educación y salud, no existen muchos indicadores de seguimiento y evaluación de los sistemas judiciales de cada país. La producción de justicia se puede observar con el número de procesos judiciales resueltos, los cuales han aumentado de 1.2 millones en 2009 a 1.6 millones en 2018.
La tasa de resolución de procesos, medida como la cantidad de procesos resueltos entre la cantidad de procesos ingresados, pasó de 83% en 2009 a 107% a 2018, aunque este indicador no considera los pendientes. Si se añaden los últimos al denominador se obtiene un incremento más moderado, pasando de 37% en 2009 a 62% en 2018. “Si bien el aumento de este ratio indica mejoras, queda claro que una gran cantidad de procesos quedan pendientes en un año corriente”, subrayó Macroconsult.
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La participación porcentual según especialidad en los procesos ingresados (la demanda) ha cambiado significativamente durante el período 2009-2018 (ver gráfico 1, y en la misma línea los resueltos), siendo la especialidad laboral la que más aumentó su participación en porcentaje, ya que pasó de 8% a 23%.
La consultora señala que según especialistas en materia de derecho laboral, el incremento de procesos se debe al mayor conocimiento de los ciudadanos en estos temas y a la forma en cómo se tramita el proceso. Sobre todo, luego de que, en 2002, el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el despido incausado, representando el retorno al régimen laboral de estabilidad absoluta. “Estos factores permitieron reducir el plazo para obtener una sentencia y posibilitaron la rápida reposición del trabajador al centro de labores”, anotó Macroconsult.
Por otro lado, el presupuesto total del Poder Judicial ha pasado de S/ 1,126 millones en 2009 a S/ 2,466 millones en 2018. De esta manera, el costo de cada proceso resuelto pasó de S/ 962 (2009) a S/ 1,528 (2018). Esto representa un incremento mayor que el crecimiento del número de procesos resueltos.
En cuanto a la capacidad de procesamiento promedio, Macroconsult refiere que los jueces peruanos resuelven dos casos al día y tienen una carga judicial de alrededor de 807 casos al año. Además, por cada juez se necesita cerca de nueve personas de soporte administrativo y técnico.
¿Por qué el descontento social?
A pesar del aumento de los procesos resueltos, expresado en una mayor tasa de resolución, Macroconsult señala que uno de los factores de importancia para la población es el tiempo que requiere un proceso.
Recientemente, un estudio de la Defensoría del Pueblo indica que el 28% de los juicios por alimentos se resuelven en primera instancia entre 181 y 365 días, y alrededor del 19% en un plazo mayor a un año, pese a que las vías procedimentales de este tipo de juicio tienen la intención de ser rápidas para satisfacer las necesidades de los demandantes. Por estas dificultades muchas personas abandonan el proceso (la cifra de abandono en juicios por alimentos es de 45%).
Como parte de las mejoras del sistema, en noviembre último, el Gobierno suscribió con el Banco Mundial (BM) un contrato de préstamo por US$ 85 millones para financiar la implementación del expediente judicial electrónico, que permitiría agilizar varios de los procesos.
“En conclusión, si bien las iniciativas del gobierno son un gran paso para mejorar el sistema judicial peruano, aún se necesita una investigación profunda sobre el origen del problema. Obtener un diagnóstico permitirá lograr mejores propuestas, tanto en términos de eficacia y eficiencia”, sostuvo la consultora.