Esta semana renunció Daniel Schmerler, presidente de Osinergmin, entidad a la que la opinión pública le ha atribuido, en buena cuenta, la responsabilidad de la tragedia de Villa El Salvador (VES).
A pesar de lo recurrente de este tipo de tragedias, la forma en la que vienen siendo procesadas y resueltas por nuestra sociedad no permite atacar las razones de fondo detrás de los lamentables hechos, refiere Macroconsult.
Señaló que en primer término, resulta necesaria la delimitación clara de responsabilidades, tanto a nivel de los agentes privados, como de los órganos del Estado.
“En el caso de los agentes privados, más allá de que existan o no normas de carácter obligatorio, es su deber mantener niveles mínimos de diligencia y destinar recursos a garantizar que sus procesos no pongan en peligro la seguridad de sus proveedores, clientes y propios empleados. Resulta preocupante observar cómo diariamente se transportan balones de GLP en bicicletas o motos lineales, poniendo en peligro la vida de conductores y transeúntes”, criticó Macroconsult.
Por otro lado, a nivel del Estado, sostuvo que se tienen que definir reglas claras que garanticen la seguridad de los ciudadanos y determinen quiénes deben hacerlas cumplir.
Con respecto al accidente de VES, se ha criticado que, para brindar el servicio de transporte de GLP se requiera solo de una declaración jurada que indique que el vehículo cuenta con adecuadas condiciones de seguridad, que sus válvulas y cañerías no presentan filtraciones, entre otros.
“Si bien toda esa información está sujeta a una fiscalización posterior por parte de Osinergmin, el mecanismo de aprobación automática no parece ser el idóneo, tratándose de una actividad que reviste una alta peligrosidad. Que el vehículo siniestrado no haya sido fiscalizado oportunamente por el regulador, sin duda involucra compromisos que deben ser proporcionales y dirigidos a aquellos funcionarios a cargo de la fiscalización en este sector”, indicó la consultora.
Agregó que si bien la renuncia del presidente de la institución y el posterior anuncio de reorganización del organismo regulador, constituyen “salidas políticas”, no traerán consigo mejoras en el diseño de la fiscalización si no se atacan los problemas de fondo que afectan las condiciones de seguridad en el transporte de GLP, teniendo en cuenta que en este mercado la cadena de comercialización es atomizada e informal.
“Cabe mencionar que, desde inicios de 2019, en el Ministerio de Energía y Minas existe un proyecto de decreto supremo que propone modificar las normas de comercialización y seguridad para el GLP. Tratándose de un tema de crucial importancia como la seguridad, este proyecto debería estar entre las prioridades del gobierno, debatirse y abordarse con prontitud”, subrayó.
Asimismo sostuvo que no menor es la responsabilidad que corresponde a la Municipalidad de Lima, al permitir a un conductor con un récord de 83 multas (32 faltas leves, 37 graves y 14 muy graves) entre 2001 y 2019, continúe prestando servicios de transporte de productos peligrosos.
La fiscalía ha incorporado a la investigación del caso a los alcaldes de Villa El Salvador, Kevin Iñigo; de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz; y a Osinergmin.
“El anuncio de la reorganización de Osinergmin no debe soslayar la responsabilidad del resto de actores arriba mencionados, incluyendo a las propias empresas”, anotó Macroconsult.