Los discapacitados peruanos claman para conservar sus derechos

Una mezcla de orgullo y nostalgia invade a Dorcas Guillermo cuando recuerda el dilatado proceso de consulta y sensibilización que en el 2012 culminó con la aprobación de la ley vigente en Perú para personas con discapacidad, la misma que ahora podría ser relevada por un nuevo y ampliamente rechazado dictamen.

“Quieren derogar la ley y lo siento como un trabajo político” que “obvia la decisión y la opinión de las mismas personas con discapacidad y las familias”, sostiene a Efe esta mujer, de 50 años, que padece desde nacimiento una discapacidad física.

Dorcas teme que, como ella, miles de peruanos con discapacidad pierdan algunos de sus derechos si el Congreso da luz verde al proyecto aprobado en febrero por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que, según denuncian entidades y expertos, podría hacer retroceder al Perú en materia de derechos para esta población.

De sancionarse el dictamen, se derogaría el marco normativo vigente, la Ley 29973, que promulgó por iniciativa ciudadana el Parlamento que acompañó la gestión del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

Sin consulta

El nuevo proyecto fue cuestionado desde sus inicios por no nacer de un proceso de consulta amplia con las personas afectadas, tal y como exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas, que Perú ratificó en diciembre del 2007.

Así, el país “incumple uno de los requerimientos técnicos para dotar de legitimidad política y jurídica el dictamen”, espetó Carlos Ríos Espinosa, investigador sénior sobre derechos de discapacidad de Human Rights Watch (HRW).

El especialista insistió en que “no se trata solamente de tener un producto completo y luego someterlo a consulta”, sino de abrir la discusión “desde momentos tempranos”.

“Espero que el Congreso regrese esta iniciativa a la comisión para que pueda haber una consulta efectiva con personas con discapacidad”, dijo.

Ríos mencionó que ya en octubre del año pasado, luego de presentarse públicamente el predictamen, HRW envió una carta a la entonces presidenta de la comisión parlamentaria, Mirtha Esther Vásquez, señalando que era necesario el proceso de consulta.

“No nos quieren escuchar”

Pero éste nunca llegó y, hasta el momento, parece que fueron en vano los esfuerzos a contrarreloj de las organizaciones de discapacitados para alzar su voz e impedir que se allane el camino para sustituir la norma por la que tanto lucharon.

“No nos quieren escuchar”, se lamentó a Efe Silvia Carrasco, socia fundadora del Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad (Cempdis) y madre de Gonzalo y Rodrigo, dos jóvenes de 21 y 17 años con Síndrome de Down y autismo.

Carrasco aseveró que las organizaciones no tuvieron margen de maniobra para revisar el contenido del nuevo texto, cuya versión más reciente se publicó el 5 de febrero, apenas tres días antes de ser aprobado.

Además, era un documento de más de 200 hojas, técnicamente complejo y publicado en formato jpeg, que sin duda limitaba el acceso de personas con discapacidad visual o intelectual.

“Ha sido muy difícil entenderlo”, reconoció a Efe Agustina Condoris, madre de un joven con discapacidad.

Desde el humilde distrito limeño de Villa María del Triunfo, esta mujer se mostró “muy preocupada” por el avance de la nueva propuesta legislativa en la coyuntura actual del Perú, en plena emergencia sanitaria y a las puertas de elecciones generales.

Clasificación médica y segregación

Entre las disposiciones más criticadas del proyecto, figura el abordaje que, según señalan, implica un retroceso hacia el paradigma médico y de segregación.

El investigador de HRW aseguró que el proyecto supone “regresiones importantes en varias áreas del derecho” y destacó, a modo de ejemplo, dos propuestas relativas a la formación y el empleo.

Por un lado, el texto prevé becas educativas para personas con discapacidad, pero establece por primera vez categorías de elegibilidad relacionadas con la “gravedad” de la misma.

Así, las becas serían exclusivas para quienes tengan discapacidades “moderadas y graves” y restringida a aquellas consideradas “leves”.

Esta categorización es “puramente médica” y “no es adecuada con lo que prevé la CDPD” porque “la capacidad es un concepto relacional” y “si vamos a tener que determinar quiénes serían elegibles, se tiene que hacer una evaluación de orden psicosocial”, reclamó Ríos.

Por otro lado, la propuesta decreta privilegiar el teletrabajo en el caso de estas personas, algo que “contradice” el afán de permitirles, al igual que al resto, acceder al mercado laboral abierto, sin tener que estar “confinadas a ciertas modalidades de trabajo”.

“Con vistas a la inclusión, esto es volver a retroceder en cosas que ya se habían avanzado”, coincidió Carrasco.

Capacidad jurídica plena

Otra gran objeción es el impacto que éste podría tener sobre el derecho a la capacidad jurídica plena de los discapacitados para tomar decisiones sobre su tratamiento de salud mental.

Ahora Perú cuenta con una de las legislaciones civiles más avanzadas de Latinoamérica y del mundo, pues exige el consentimiento previo para cualquier tipo de tratamiento de salud mental y habilita a las personas con discapacidad a rechazar el tratamiento.

“Pero ahora el nuevo dictamen prevé que por motivos de necesidad terapéutica se podría proceder al internamiento no voluntario de una persona y esto ha sido señalado como una medida que resulta violatoria del derecho de personas con discapacidad a su capacidad jurídica, libertad personal y seguridad”, indicó Ríos.

Mejorar la ley vigente

Con todo, el nuevo dictamen parece acumular hasta el momento más detracciones que simpatías entre los supuestos beneficiarios, sus organizaciones y familiares.

La mayoría coincide en que la norma vigente, la Ley 29973, “no es perfecta” y que debe mejorar sobre todo en lo referido al cumplimiento.

Pero, como mínimo, este marco legislativo sí recoge el sentir de todo un colectivo, que ahora batalla por hacerse oír.