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Por Juan Diego Ugaz, socio del área Penal de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
En el mes de junio del presente año, el Poder Judicial y el Ministerio Público publicaron sus respectivos protocolos de reactivación para la “nueva normalidad” que deberemos afrontar, probablemente, hasta que se encuentre la vacuna contra el COVID-19.
Dichos protocolos de reactivación buscan reducir la posibilidad de contagio entre los operadores de justicia y usuarios, implementándose, de esta manera, plataformas virtuales para acceder a los principales servicios del sistema de justicia.
El principal efecto positivo de estos cambios es la modernización del sistema penal. A diferencia de lo que sucedía en los procesos civiles o laborales antes de la pandemia, en los penales no era posible acceder a la información de los casos a través de alguna herramienta tecnológica.
Así, si un litigante quería saber el estado de su caso o tomar lectura del expediente debía apersonarse a la sede física de la entidad. Este sistema resultaba claramente ineficiente, puesto que se podía perder toda una mañana solamente en acudir a la Fiscalía o Poder Judicial para obtener información.
Hoy en día, se puede tener acceso a la misma información de manera mucho más eficiente, pues basta con enviar un correo electrónico o hacer una llamada a la entidad para obtenerla. Incluso si es que una de las partes desea obtener copias del expediente lo puede hacer también de manera digital.
Sin embargo, es importante advertir que esta reactivación digital de la justicia penal trae consigo desafíos importantes para los litigantes y autoridades. Un primer problema es la ausencia total de herramientas tecnológicas o la mala conectividad a internet que tenemos en muchas ciudades de nuestro país.
El Estado tiene entonces la obligación de invertir en tecnología, pero no solo eso, sino que también en la capacitación de los funcionarios públicos puesto que de nada sirve que cuenten con herramientas tecnológicas que no saben utilizar. Un claro ejemplo, son los hospitales que cuentan con camas UCI, pero que no tienen personal adecuado que sepa utilizarlas.
Es necesario que exista colaboración entre la Fiscalía, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados, a fin de garantizar que todo abogado pueda acceder a un medio tecnológico que le permita ejercer correctamente el derecho de defensa de la persona que representa.
Como vemos, los retos para autoridades y litigantes son grandes, pero creemos que es importante afrontar esta difícil situación desde un enfoque positivo, el cual permitirá modernizar nuestro sistema de justicia, pero de una forma inclusiva para todas las partes involucradas.