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La gerenta de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, Ana Peña, indicó que algunas de las universidades que no aprobaron el proceso de licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) vulneraban los derechos del alumnado, al ocultarle información relevante para la continuidad de sus estudios o exigirle cobros indebidos.
Según señaló, luego de que la Sunedu informa de una nueva denegatoria de licencia, el Indecopi inicia una supervisión preventiva, para verificar que los estudiantes reciban las facilidades para continuar con sus respectivas carreras ante el inminente cierre de sus casas de estudio.
“En algunos casos hemos identificado que a los estudiantes les han cambiado la información, les han dado una información y luego se la han cambiado. La información debe ser oportuna y veraz sobre lo que va a ser el servicio educativo. Por otro lado están los cobros: el Indecopi no fija precios ni tarifas, pero si la universidad ya estableció en el reglamento o en un comunicado que hay determinados cobros, no puede cambiarlos sin haberles avisado anticipadamente (…). Sobre esos puntos estamos encontrando cumplimientos e incumplimientos”, comentó Peña a Gestion.pe.
La Sunedu brinda a las universidades que no obtuvieron licencia un plazo de dos años para el cese de su funcionamiento. Durante ese plazo, los estudiantes pueden continuar sus estudios de forma válida en dichas universidades, que no deberán interrumpir su servicio de clases pero sí sus procesos de admisión; u optar por trasladarse a otra institución educativa.
“Los estudiantes parece que pensaran que ya no se van a poder titular o no van a poder obtener su bachillerato. Por eso es muy importante que la universidad constantemente les brinde información sobre cómo va a continuar con su servicio durante esos dos años que va a permanecer abierta, y sobre los traslados. Deben darles toda la información sobre los convenios que se estén firmando con otras universidades para los traslados”, explicó.
Sin embargo, los incumplimientos detectados son corregidos sobre la marcha de la fiscalización, señaló Peña. “Se trata de ir directamente a la universidad y decirle: te estoy supervisando, cambia tu conducta, corrige. Si no están brindando información, que la brinden; si están cobrando cosas que no debían, que rectifiquen y cobren lo informado. Si les están ofreciendo traslados a otras universidades con convenios, que cumplan”, detalló.