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Como consecuencia de los impactos del COVID-19 en el sector y el alza desmedida de los precios de los fertilizantes, el Gobierno oficializó hoy la declaratoria de emergencia del sector agrario y riego por 120 días, en la cual el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) presentará un Plan de Emergencia Agrario.
La norma, que oficializa la emergencia del sector agrario y riego, fue publicada hoy en la gaceta de normas legales de “El Peruano”, mediante Decreto Supremo Nº 003-2022-MIDAGRI, que lleva la firma del presidente, Pedro Castillo y el ministro, Oscar Zea.
El jefe de Estado ya había anunciado en su presentación ante el Congreso el martes 15 la decisión del Ejecutivo de declarar en emergencia el agro.
En el dispositivo legal se establece la emergencia el sector agrario y de riego a nivel nacional por 120 días calendario, por los efectos generados por la COVID-19, el incremento de los precios de los insumos agrarios a nivel internacional, agravado por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el agro peruano, en la economía nacional y en la seguridad alimentaria.
El Midagri tendrá a su cargo en un plazo de 10 días la aprobación del Plan de Emergencia Agrario, que reorientará las intervenciones y/o servicios del ministerio y sus organismos públicos adscritos, de acuerdo a sus competencias, con la finalidad de generar prioritariamente las condiciones necesarias en la continuación de las actividades productivas agropecuarias, que contribuyan al abastecimiento de alimentos agrarios en el mercado nacional contrarrestando la amenaza a la seguridad alimentaria del país.
ACCIONES CONCRETAS
El plan contendrá como líneas de acción, el equipamiento mecánico y entrenamiento a los productores agropecuarios; formas de asociatividad, priorizando el cooperativismo; optimización y diversificación de instrumentos financieros y no financieros para productores agropecuarios; insumos agrarios y semillas certificadas, priorizando la producción orgánica o ecológica.
Asimismo, el Midagri, a través de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación Políticas, tendrá a su cargo el monitoreo de las medidas contenidas en el Plan de Emergencia, que atenderán, principalmente, a la pequeña agricultura familiar.
En los considerandos de la norma se señalan los efectos adversos de la pandemia, aunado a las diferentes amenazas externas que han incidido en el constante incremento de los precios de los fertilizantes a nivel mundial, que ponen en riesgo el normal desarrollo de las actividades agropecuarias y los consumidores finales.
Asimismo, en los seis meses de la campaña agrícola 2021-2022, iniciada en agosto del año pasado, se ha registrado una caída de 0.2% en las áreas sembradas respecto al mismo periodo de la campaña agrícola pasada, situación generada ante la incertidumbre por parte de los productores por el alza del costo de los insumos como son los fertilizantes químicos y otros factores.