El domingo pasado, la jefa del Gabinete, , aseguró que el Gobierno ha podido reducir de manera considerable el nivel de conflictividad social.

Es más, recalcó que el Viceministerio de Gobernanza Territorial trabaja activamente en una política de prevención de conflictos.
Sin embargo, las cifras expuestas por la Defensoría del Pueblo dicen lo contrario.

De acuerdo al último reporte de dicha institución, en los últimos cuatro meses los casos de conflictos sociales activos en el Perú se han incrementado de manera progresiva. Solo en diciembre pasado, la registró 119 casos activos. En total, desde agosto del 2017 hasta la fecha se han originado 10 casos, que no han podido ser resueltos por las autoridades.

En proceso de diálogo
De los 119 casos activos, 5 están en fase temprana, 9 en escalamiento, 39 en desescalamiento, 66 en etapa de diálogo y solo hubo un caso en fase de crisis, en la comunidad nativa de Chapis (Loreto) por un derrame de petróleo.

De los 66 conflictos activos en proceso de diálogo, el 84.8% (56 casos) corresponde a enfrentamientos de tipo socioambiental.

Casos por resolver
En total, se registraron 169 conflictos (119 activos y 50 latentes).

Además, se originó un nuevo caso (en Piura) respecto a noviembre, tres se reactivaron y tres fueron resueltos por las autoridades.

La región Áncash concentra la mayor cantidad de casos (27 conflictos), seguida de Puno (15 casos) y Apurímac (13 casos).

En cuanto al nivel de competencia en la atención de estos conflictos sociales, el reporte de la Defensoría concluye que el Ejecutivo tiene 116 casos (68.6%) pendientes por resolver, mientras que los gobiernos regionales acumulan 29 casos (17.2%), y las municipalidades 14 conflictos latentes (8.3%).

Finalmente, la Defensoría instó a las autoridades correspondientes a que actúen prioritariamente en la atención de 34 “situaciones” que pueden derivar en conflictos sociales si no son atendidas oportunamente.