Defensoría advierte que restricciones de ingreso a venezolanos incrementarían tráfico ilegal

Las restricciones en el ingreso de extranjeros al territorio peruano son aprovechadas por las redes de tráfico ilegal de migrantes, que lucran con el traslado de personas en situación vulnerabilidad y desesperación, o, peor aun, las vuelven víctimas de explotación laboral o sexual (trata de personas), informó la Defensoría del Pueblo.

Percy Castillo Torres, adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, advirtió que las nuevas exigencias impuestas a ciudadanos venezolanos para ingresar al territorio peruano (pasaporte y visa humanitaria), desde el último 15 de junio, incrementan las probabilidades de que sean víctimas de organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de migrantes.

“Si no se toman las medidas adecuadas, las organizaciones ilícitas pueden estar lucrando con los migrantes venezolanos que intenten ingresar al Perú. Lo que la experiencia nos ha señalado es que, cuando hay restricciones que se imponen al ingreso a un país, también con ello surgen las organizaciones criminales que te ofrecen entrar a ese país”, dijo Castillo tras la presentación del informe "Tratamiento penal del tráfico ilícito de migrantes en el Perú: avances, desafíos y retos".

En dicho informe elaborado por la Defensoría del Pueblo se detectó que la gran mayoría de los casos de tráfico ilícito de migrantes son archivados en la Fiscalía. Asimismo, se constató que las diligencias especiales para detectar este delito no formaban parte del accionar de la Policía y que el Ministerio Público registraba serias deficiencias, como la ausencia de declaraciones de víctimas de tráfico ilícito de migrantes o la falta de recursos.

Además, se detectó que en la gran mayoría de los casos las penas impuestas eran de cuatro años o menos, por lo que no incluyen prisión efectiva.

De 156 de los casos identificados por la Policía y la Fiscalía entre 2012 y 2017, fueron archivados por el Ministerio Público, 74  de acuerdo con el estudio de la Defensoría del Pueblo presentado hoy. Otros 31 se encuentran en trámite y 14 fueron sobreseídos.

Por su parte, Eduardo Berrios, especialista en empleo migrante en el Ministerio de Trabajo, señaló que muchos de los casos de tráfico ilícito de migrantes derivan en trabajo forzoso y en otras ocasiones los ciudadanos extranjeros aceptan condiciones laborales desventajosas, debido a su situación de vulnerabilidad.

“Muchos empleadores se aprovechan de la condición de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos para contratarlos con salarios por debajo de la remuneración mínima vital”, señaló.

Al respecto, el general Raúl del Castillo Vidal, director contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, manifestó que en la actualidad la Policía se encuentra investigando a seis organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de migrantes.

“La gran mayoría de ciudadanos venezolanos antes tuvieron muchas facilidades para ingresar al país y los casos que se detectaban eran sobre todo de trata de personas, antes que de tráfico ilícito de migrantes. Ahora que se ha cerrado la frontera y que se están pidiendo más requisitos, cabe la posibilidad de que el tráfico ilícito de migrantes se incremente”, explicó el general Del Castillo.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades capacitar al personal del Poder Judicial, la Policía y la Fiscalía en el tratamiento del delito de tráfico ilícito de migrantes.

Asimismo, sugirió al Poder Judicial convocar a un Acuerdo Plenario con la finalidad de establecer criterios de determinación de pena para el delito de tráfico ilícito de migrantes y límites en la reducción de la pena por este delito; y al Ministerio Público evaluar la ampliación de funciones de Fiscalías Especializadas en Trata de Personas, para que comprendan el tráfico ilícito de migrantes.