La emitió un comunicado a raíz de la por la que atraviesa el Perú, cuyas principales consecuencias "afectarán los derechos de millones de personas".

Como primer punto del comunicado, la Defensoría señala que las autoridades y los sectores dirigentes del Perú no pueden ignorar que la actual crisis afecta aún más las condiciones de vida de millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En ese grupo incluyó a los peruanos que a inicio de este año se vieron severamente impactados por el fenómeno de El Niño Costero y que aún continúan en esa situación por el retraso del proceso de reconstrucción.

En segundo lugar, la Defensoría subrayó que la democracia no solo es una forma de gobierno sino que es principalmente un sistema de organización social en el que todos, comenzando por sus autoridades, se deben conducir respetando la ley.

“Nada más reñido con el Estado Democrático Constitucional que la presunción de que es suficiente una mayoría para legitimar una decisión. El Estado Democrático Constitucional se fundamenta en una regla simple pero de enorme contenido ético, la igualdad ante la ley y el consiguiente respeto de la misma por todos”, anotó.

Por ello, como tercer punto, la Defensoría subrayó que en el actual contexto demanda a los ciudadanos investidos de poder a ceñirse a las vías constitucionales y legales para resolver la presente crisis.

“En esta dirección, en el proceso de vacancia presidencial iniciado debe respetarse el debido proceso parlamentario y el derecho de defensa garantizando el contenido mínimo de este derecho, el mismo que ha sido establecido por estándares jurisprudenciales, aplicables a un juicio constitucional”, dijo.

En ese sentido, puntualizó que nada debe alterar los procedimientos y plazos establecidos por la Constitución y el Reglamento del Congreso.

“Si bien el Presidente de la República, lo mismo que cualquier ciudadano, goza del derecho a un debido proceso, tiene a su vez la urgente obligación de dar explicaciones al país”, remarcó en cuarto lugar.

Por ello, insistió en que Pedro Pablo Kuczynski debe demostrar de una manera verosímil, razonable y documentada que los hechos que se le imputan carecen de fundamento y veracidad, lo cual es “una obligación que emana de su condición de autoridad investida por el voto de los peruanos".

"Hasta hoy lo expuesto por el presidente para levantar los graves cargos que se le imputan, es claramente insuficiente", advirtió.

En quinto lugar, la Defensoría considera que independientemente de las posiciones que tengan las autoridades y los actores políticos, el curso de los acontecimientos siempre debe ser el establecido por la Constitución.

“Si fuera el caso de que el Congreso de la República decidiese formalizar una sucesión presidencial, esta debe ser la que establece la Constitución, garantizando el respeto de la división de poderes y las instituciones”, recordó.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó a que en esta difícil situación las autoridades, los líderes del país y la ciudadanía en general actúen con serenidad, madurez y responsabilidad, de modo que podamos reafirmar nuestras convicciones democráticas y consolidar la institucionalidad del Perú.