El decreto "Antiodebrecht", una papa caliente para el Gobierno peruano

El Decreto de Urgencia 003, norma del Gobierno peruano para castigar con dureza el caso Odebrecht en Perú, se ha convertido en una papa caliente para el Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski, su promotor, ante las críticas al mismo por ser ineficaz, malo para la economía y encubridor de la corrupción.

La norma fue aprobada el 13 de febrero del 2017 en medio del escándalo suscitado por las revelaciones de Marcelo Odebrecht sobre las prácticas de su empresa en el país, y con ella el Ejecutivo buscó mostrar una imagen inflexible y espartana sobre cómo lidiar con las empresas corruptas.

De un plumazo, y con el fin declarado de evitar la paralización de la obra pública, la ruptura de la cadena de pagos y garantizar el pago de reparaciones civiles, el Gobierno ordenó intervenir cuentas, prohibió contrataciones estatales y sujetó a un control tajante la venta de bienes o las transferencias de capital de empresas que hubieran confesado actos de corrupción.

En la práctica, casi un año después de su entrada en vigor, lo que obligará a su revisión, anulación o nueva promulgación antes de que caduque, tan solo Odebrecht se ha visto afectada por la norma, tan solo Odebrecht ha buscado someterse a procesos de delación de actos de corrupción y tan solo Odebrecht ha visto paralizada sus actividades económicas, incluido el pago a sus proveedores.

Hugo Alache, de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, apuntó a Efe que para ellos, que agrupan a unas 350 empresas que daban empleo a más de 40,000 trabajadores, la situación es "peor que nunca".

"El resultado del decreto ha sido que se pararon las obras, al estar intervenida Odebrecht se rompió la cadena de pago. Hasta ahora no se ha solucionado nada, por eso no tiene razón de ser. Los únicos que han pagado la corrupción hemos sido los proveedores", afirmó.

Como consecuencia, más de un centenar de estos entraron en quiebra, miles de empleados quedaron en la calle y con la paralización generalizada de la obra pública en el país no han surgido nuevas fuentes de empleo.

Tal es así, que la ministra de Economía de Perú, Claudia Cooper, afirmó este martes que la próxima semana presentará un nuevo decreto que busque tanto sancionar a los culpables de corrupción como "hacer viables a las empresas".

"La norma tiene que estar lista esta semana, tenemos que asegurarnos que esos dos objetivos se cumplan (sanción y viabilidad empresarial) y que además sea creíble por el sistema financiero que hoy tiene mucho temor a prestar y a emitir cartas fianzas", dijo la ministra.

Sin embargo, tras este tema económico, otros críticos han encontrado mayores inconvenientes al Decreto de Urgencia, empezando por el Fiscal de la Nación (fiscal general), Pablo Sánchez, quien a mediados de enero consideró que medias como las que impone esa norma "desmotivan" a las empresas a colaborar con la Justicia.

El argumento es que si por confesar no solo no se va a recibir ninguna garantía de reducción de pena, sino que además la empresa se verá impedida para trabajar, no existirá ningún incentivo para hacerlo.

Gustavo Gorriti, periodista, analista, y uno de los principales investigadores del caso Lava Jato en Perú, reconoció que, aunque no sea la voluntad declarada del Ejecutivo, esta norma "establece explícitamente medidas punitivas contra los que hayan confesado y deja fuera a los que no lo han hecho".

"En los hechos sirve para que ninguna otra compañía colabore. Algunas lo intentaron, como OAS, y luego se retractaron. Está claro que a los delatores les trae más problemas", indicó.

Para Gorriti, la norma constituye "una combinación de torpeza y deliberado intento de proteger a alguien", en este caso a las otras grandes empresas constructoras que operan el país y a los políticos que pudieron haber recibido dinero ilícito.

"La decisión fue convertir a Odebrecht en cabeza de turco. Pero casi todos han trabajado en consorcio con ellos y todos han sido corruptos, antes de los brasileños y después. Si se aplica esta ley a todos los escándalos que están saliendo ahora con las constructoras, se dañará mucho a la economía, algo que la lucha contra la corrupción no requiere", añadió.

Alache fue aún más contundente y denunció que de lo que se trató fue siempre de "beneficiar a los socios locales de Odebrecht", que pese a conocer y participar en sus prácticas, quedaron fuera de la norma.

De hecho, el representante de los trabajadores apuntó que las recientes palabras del procurador especial para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien dijo que Perú reclamaría US$ 1,000 millones a Odebrecht como reparación civil, no es más que "una advertencia para todos".

"Es algo político. Dice (el procurador) que también estudia incluir a las consorciadas con Odebrecht... Es un mensaje tanto a Odebrecht como a esas para que no hablen", culminó.