¿Cuáles son las demandas sociales en las regiones con mayor índice de pobreza monetaria?

Así lo indica el último informe de la Defensoría del Pueblo “Pobreza multidimensional en el Perú”, en el que se analizaron las demandas sociales en las regiones con mayor índice de pobreza monetaria.

En el documento se da cuenta que los siete departamentos con mayor índice de pobreza monetaria (Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno) registran el 42.1% (85 casos) del total de conflictos sociales en el país.

“Si bien no podemos hablar de una relación causal entre ambos fenómenos sociales, sí se puede observar que existen condiciones previas a la conflictividad social que la explican. Las personas en situación de pobreza perciben en su día a día la ausencia del Estado, lo cual genera poca confianza en las instituciones y lleva a que tengan una mirada crítica de las autoridades políticas”, indica el estudio.

Las demandas sociales planteadas en los conflictos revelan los problemas priorizados por la población, con el objetivo de que sean atendidos por el Estado y las empresas involucradas.

Igualmente, reflejan las necesidades que persisten en sus localidades, como el acceso a servicios públicos, el fortalecimiento de capacidades, entre otros (ver gráfico).

Derechos humanos

En el informe, la Defensoría indica que el impacto de la pobreza en los derechos humanos también puede ser evaluado desde la óptica de si las personas fueron atendidas en sus necesidades.

“Como se ha podido observar en las demandas sociales identificadas en los casos de conflicto social, un porcentaje importante se refiere al acceso a servicios públicos de calidad cuya responsabilidad recae en el Estado, que está relacionada a los indicadores de pobreza multidimensional”, observa la institución.

Además, señala que en un país carente de ingresos públicos es comprensible que el presupuesto sea insuficiente; pero en el caso peruano, pese a contar con presupuesto, la gestión pública no llega a quienes más lo necesitan. “Estamos frente a un Estado que excluye a pesar de tener recursos, y esto obedece a distintas razones como la ineficiencia, la corrupción, la discriminación o la manipulación política del presupuesto”, apunta.

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Si se revisan las 10 regiones con más conflictos sociales y la comparamos con los niveles de ejecución presupuestal del 2021 en proyectos de inversión 238, se ve que, por un lado, la ejecución municipal es en promedio del 65.92% y la regional del 70.19%.

Es decir, añade el informe, que hay saldos de casi el 30% a más sin ejecutar, pese a que muchas comunidades campesinas y pueblos amazónicos aún carecen de acceso a agua potable, postas médicas, educación de calidad, etc. Y a la vez, lo que sí ejecutan no necesariamente se orienta a la atención de las demandas sociales presentes en los conflictos.

“Esto pone en evidencia que en nuestro país no se considera que los costos del conflicto influyen en la gestión pública”, refiere.

Al respecto, la Defensoría sostiene que en un país con una conflictividad social persistente se debe incorporar la “perspectiva del conflicto”, y la evaluación de sus costos en el debate sobre el presupuesto y las decisiones de gobierno que influyen en la vida y los derechos de las personas.

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