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CPP solicita al Congreso archivar el proyecto que prohíbe publicidad estatal en medios privados

Se trata de un mecanismo de censura indirecta que atenta contra las libertades informativas, señala el Consejo de la Prensa Peruana.

Consejo de la Prensa Peruana

El proyecto representa una amenaza a las libertades informativas y atenta contra el sistema democrático, dijo el Consejo de Prensa Peruana (CPP).

El proyecto representa una amenaza a las libertades informativas y atenta contra el sistema democrático, dijo el Consejo de Prensa Peruana (CPP).

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) solicita al Congreso que archive el Proyecto de Ley 2133/2017-CR que prohíbe el gasto de publicidad estatal en medios privados.

Se trata de un mecanismo de censura indirecta que atenta contra las libertades informativas, señala el Consejo.

Asimismo, el Consejo propone el inicio de un debate que conduzca a la aprobación del Reglamento de la Ley N.º 28874. Basa su solicitud en las siguientes consideraciones:

“1. La propuesta aparenta perseguir objetivos loables.
Sin embargo, las circunstancias llevan a concluir que se trata de un supuesto de censura indirecta.

Del texto del proyecto y su exposición de motivos, se desprende que el objeto de la norma sería regular la publicidad estatal con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos, reducir la discrecionalidad en la asignación de publicidad estatal y, evitar el uso de dicha publicidad con fines electorales o partidarios.

Dichos objetivos parecen loables y merecerían todo el respaldo por parte del Consejo. Sin embargo, a la luz de los hechos, en particular, considerando la exoneración del mismo del debate en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, se configura un supuesto de censura indirecta que, tendría el propósito de ejercer presión sobre los medios de comunicación a fin de condicionar su línea editorial.

2. Las medidas propuestas son desproporcionadas y, por lo tanto, inconstitucionales.
Las medidas resultan inadecuadas para lograr los fines que persigue, innecesarias por existir una Ley que regula la materia, y desproporcionadas, pues el grado de afectación que exige a las libertades informativas es demasiado intenso a la luz de los bienes jurídicos que pretende satisfacer. La norma no resiste el “test de proporcionalidad” que exige aplicar el TC a las decisiones que afectan derechos fundamentales.

El proyecto de Ley entra en conflicto directo con las libertades informativas reconocidas en la Constitución Política, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambos instrumentos proscriben cualquier restricción o censura indirecta que afecte el pleno ejercicio de las libertades informativas.

Estos mecanismos indirectos suelen ocultarse detrás de acciones aparentemente legítimas, pero tienen el fin de limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Además, el TC ha señalado que las libertades informativas tienen la condición de libertades preferidas, debido a que son, a la misma vez que derechos subjetivos, garantías institucionales del sistema democrático constitucional.

Las limitaciones establecidas en el proyecto atentan contra la democracia, pues afectan el contenido esencial de las libertades informativas.

3. La Ley 28874 sobre publicidad estatal respeta estándares interamericanos sobre la materia.
Como señala la CIDH, el Perú cuenta con un marco normativo adecuado que establece criterios objetivos para la distribución de la publicidad estatal, así como mecanismos para fiscalizar la transparencia y racionalidad en el uso de dichos recursos.

Es necesaria la reglamentación de la norma y velar por su implementación”.

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