Palacio de Justicia  (Foto: Andina)
Palacio de Justicia (Foto: Andina)

La de Justicia emitió un pronunciamiento sobre los reclamos hechos por los miembros de la Sala Penal Nacional contra su nuevo estatuto, con el cual el Poder Judicial transfirió los casos vinculados a la constructora al Sistema Anticorrupción.

En primer término, el pronunciamiento señala que los jueces que integran la Sala Penal Nacional, con fecha 28 de diciembre del 2017, se dirigieron, directamente y por escrito, a los jueces supremos integrantes de la Corte Suprema, obviando el canal regular de hacerlo al presidente del Poder Judicial.

“En su comunicación solicitaron, que con motivo de la publicación y entrada en vigor del estatuto de la Sala Penal Nacional, de cuyo tenor discrepan, la Sala Plena de la Corte Suprema adopte las medidas necesarias que permitan superar la situación crítica generada”, anotó.

Sin embargo, señaló que en su calidad de órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema toma esta comunicación como una expresión del derecho de petición pero "deplora la vía y los modos inadecuados para ejercerlo".

Además afirmó que existe la necesidad de respetar los canales institucionales y de proceder con la prudencia, mesura y altura que corresponde a todo magistrado judicial.

La Sala Plena de la Corte Suprema ratificó su respaldo al presidente del Poder Judicial, , y al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con motivo de la aprobación del estatuto de la Sala Penal Nacional.

“Asimismo, deja en claro que el proceso de institucionalización del funcionamiento de la Sala Penal Nacional se realizó dentro del ámbito de las atribuciones de gobierno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y con el objetivo estratégico institucional de velar por el interés superior de justicia”, dice la Corte Suprema.

En ese sentido, subrayó que las plazas judiciales de la Sala Penal Nacional deben ser sometidas a concurso público conforme a la Constitución y a la ley.

“Solo se puede sostener una vulneración a la garantía de inamovilidad judicial si se remueve arbitrariamente al juez que es titular de una plaza judicial específica. En el presente caso no ha sucedido ni lo uno ni lo otro”, enfatizó.

Además la Sala Plena de la Corte Suprema fue informada por Duberlí Rodríguez de la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de formar una Comisión de Jueces Supremos para fijar los cauces de institucionalización del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y la necesidad de que las plazas judiciales que lo integran también deben ser cubiertas mediante concurso público de méritos y evaluación personal por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Asimismo, reconocer (la Corte Suprema) la alternativa de poder unificar ambos sistemas, que será valorada por dicha comisión y el propio Consejo Ejecutivo”, añadió.

Difiere
Sin embargo, al parecer este comunicado no tenía el respaldo unánime de los 19 jueces que integran el pleno de la Corte Suprema, ya que el juez Jorge Luis Salas envió un oficio a Duberlí Rodríguez en el que se señaka que dicho comunicado no "circuló para todos los jueces".

Según el diario Perú 21, el oficio de Salas detalla una serie de puntos que reflejan claras diferencias con el comunicado difundido por la Corte Suprema.

Además el juez Salas mostró su apoyo a la función de la Sala Penal Nacional, ya que ha conseguido "el respaldo ciudadano", por lo que "merece ser objeto de razonable fortalecimiento".

En ese sentido, se mostró a favor de la unificación de la Sala Penal Nacional y el Sistema Nacional Anticorrupción.