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Corte Interamericana condena a Perú por violar derechos laborales de 164 trabajadores en años noventa

La Corte IDH consideró que el despido de los trabajadores como parte de programas del gobierno fujimorista  de racionalización del empleo público entre 1996 y 1998 violó los derechos al trabajo de los afectados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Costa Rica

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Perú por violar los derechos laborales de 164 trabajadores del sector público cesados en la década de los noventa, durante el gobierno de Alberto Fujimori, informó el tribunal.

El caso se refiere al despido de 85 trabajadores de Petróleos de Perú (Petroperú), 25 de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), 39 del Ministerio de Educación (Minedu) y 15 trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de programas de racionalización y evaluación de personal.

Determinó además que el Estado peruano no brindó recursos judiciales efectivos para constatar si se habían violado sus derechos laborales, por lo que consideró que se les negó el derecho al acceso a la justicia.

La Corte IDH concluyó en el fallo que los trabajadores de Petroperú, Enapu, Minedu y MEF "no gozaron de acceso a un recurso judicial efectivo para cuestionar la irregularidad de sus ceses", lo que violó su derecho al trabajo.

Según los jueces, "el derecho al trabajo incluye el derecho a garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial".

La sentencia detalla que acciones de amparo intentadas por los trabajadores de Enapu y Minedu fueron resueltas por un Tribunal Constitucional conformado por solo cuatro magistrados, ya que el Congreso había destituido a los otros tres.

Sobre un recurso presentado por los trabajadores de Petroperú, que fue resuelto en segunda instancia, la sentencia de la CorteIDH determinó que "no permitió conocer con suficiencia cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar indicios de arbitrariedad".

Acerca de un recurso de amparo interpuesto por los funcionarios del MEF y resuelto por el Tribunal Constitucional en el año 2001, la CorteIDH concluyó que esa instancia no realizó una adecuada revisión judicial de los hechos, ya que no examinó los alegatos y argumentos y omitió analizar si en los procesos de cese se vulneraron los derechos laborales.

En su sentencia, la CorteIDH ordena al Estado peruano a pagar indemnizaciones por los conceptos relativos a los aportes de pensiones que no ingresaron al patrimonio de los extrabajadores como consecuencia de sus ceses, el lucro cesante, el daño inmaterial.

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