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La Contraloría General de la República realizó una inspección a 31 los 68 establecimientos penitenciarios que existen en el país a fin de verificar la implementación de las medidas de bioseguridad que buscan contener el avance del COVID-19.
Durante el operativo se comprobó que en más de 20 penales no se contaba con equipos médicos en sus ambientes de salud para atender los casos por coronavirus entre los internos y afrontar la expansión de la enfermedad.
De este modo se emitieron 93 informes de control, en las cuales se detectaron 306 situaciones adversas. De ellas, el 52% (157) están relacionadas a gestión sanitaria al interior de los penales, 27% (84) a la gestión de residuos sólidos y 21% (65) a la implementación de medidas de bioseguridad.
La mayor cantidad de situaciones adversas se registraron en los establecimientos penitenciarios de Lima y Callao con 60, seguido de 25 situaciones adversas detectadas en penales de Puno, San Martín (20), Lambayeque (17), Arequipa (15), Junín y Huancavelica (14 cada una), Ica (12), Tumbes y Cusco (11 cada una), y Piura, La Libertad y Ayacucho (10 cada una).
Del total de hechos identificados en materia de gestión sanitaria se pudo verificar que 21 establecimientos penitenciarios tienen sus respectivos establecimientos de salud sin equipamiento médico adecuado, tales como coches de paro cardiaco, desfibriladores, entre otros, lo que genera el riesgo de afectar la calidad de la atención a la población penitenciaria.
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Sin medicamentos
Otro hecho fue que en 15 establecimientos penitenciarios había un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de enfermedades de la población penitenciaria, incluido el COVID-19, lo que puede afectar la ejecución oportuna de las acciones de prevención, control y respuesta sanitaria frente al contagio del coronavirus.
“En dos establecimientos penitenciarios se vio que sus áreas de farmacia tenían medicamentos y/o mascarillas N95 vencidas, lo que genera el riesgo de propagación de la enfermedad”, precisó la Contraloría tras realizar la citada inspección que forma parte de la “Estrategia de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19″.
Los auditores también detectaron que dos establecimientos penitenciarios mantenían balones de oxígeno medicinal a la intemperie y otros estaban en la sala de espera de atención médica. Además, en 17 penales se constató que sus establecimientos de salud no cuentan con transporte asistido de pacientes mediante ambulancias o éstas no cumplen los requerimientos mínimos, lo que pone en riesgo la seguridad y salud de los pacientes.
Asimismo, en nueve establecimientos de salud de penales, no se cumplen con los parámetros de separación o acondicionamiento del ambiente para el aislamiento de pacientes con COVID-19, lo que pone en riesgo la salud del personal y pacientes ante posibles contagios.
En otros tres establecimientos de salud de penales no se contaba con implementos de protección de bioseguridad tales como mascarillas N95, guantes, mandilones, entre otros; en ocho se detectó insuficiente personal para atención médico; en seis no se realizan actividades de salud ocupacional y salud ambiental, ni contaban con teléfonos fijos o móviles; y otros seis no tenían condiciones adecuadas para el acopio de residuos sólidos.